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La reunión contó con la presencia de importantes referentes de la actividad, entre ellos el presidente de Shell, Juan Aranguren, el director de Esso, Tomás Hess y los ex secretarios de Energía Alieto Guadagni, Daniel Montamat y Enrique Devoto. Se cuestionó la política energética oficial y reclamaron mejoras para el sector
Entre las personalidades que asistieron al debate, sobresalió la figura del presidente de Shell, Juan José Aranguren quien advirtió que “estamos viviendo la crónica de una muerte anunciada y todos somos responsables por esta situación“. El directivo agregó que “no se puede generar producto si no hay rentabilidad y si se subsidia la demanda en lugar de la oferta“.
Aranguren señaló que “necesitamos volver a pensar como estadistas” al tiempo que manifestó que “el sector energético está trabajando al límite y sin un pulmón, esto provocó que una huelga de 105 días hiciera colapsar el mercado“, para justificar la escasez de combustibles que se abate sobre la mayoría de las provincias del país.
Al término de la reunión multipartidaria, en la que se informó que se solicitará un cónclave con la presidenta Cristina Fernández, se elaboró un documento con las siguientes conclusiones
Se ratifica la imperiosa necesidad de las estaciones de servicio de contar con una rentabilidad razonable y suministros adecuados a fin de evitar la continuación del cierre de las mismas (hasta la fecha van 3.500.-) y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo, siendo esta situación aun más grave para las denominadas blancas.
Existe una profunda preocupación de los expendedores de combustibles respecto al seguro ambiental (de caución), cuya contratación se exige en forma obligatoria con el consecuente incremento de los costos involucrados y la casi nula tutela de dicha garantía en cuanto a la protección del medio ambiente; existiendo un consenso general respecto de la necesidad de que dicho seguro se derogue en forma inmediata.
A pesar de los innumerables reclamos realizados a la fecha, continúan aplicándose al sector impuestos distorsivos como el impuesto al cheque y el impuesto a los ingresos brutos, con saldos a favor del contribuyente, que provocan enormes daños económicos y financieros a los expendedores debido a la especial forma de comercialización de los combustibles. Así también, existe una enorme preocupación por la aplicación de tasas municipales calculadas en forma arbitraria; recomendándose el ejercicio de acciones tanto individuales como colectivas.
Se verifican día a día situaciones conflictivas debido a la arbitraria superposición de convenios colectivos de trabajo carentes de representación adecuada que implican la erogación de enormes sumas de dinero anuales por parte de los expendedores en caso de aplicarlos.
Ha existido un constante olvido en la economía respecto de la importancia que tiene la energía para el crecimiento sustentable del país. También, existe una marcada caída de la producción de gas y petróleo, y un drástico descenso de las reservas debido a la falta de inversiones en exploración. En este sentido, se prevé un futuro con energía cara y con la necesidad de cubrir los faltantes con importaciones.
Las distorsiones en la producción, consumo y precios de los combustibles han impactado directamente en la rentabilidad, en especial de las estaciones de servicio que son el ultimo eslabón de la cadena de comercialización.
Todo ello, requiere una nueva política energética, para lo cual resulta imperioso convocar a todas las fuerzas políticas del país a fin de tratar, analizar y evaluar la situación energética actual y futura para la implementación de un plan energético a nivel nacional y a largo plazo que este consensuado por todos los sectores involucrados.
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