Hasta 10 años de cárcel a estacioneros que vendan litros incompletos

Con 386 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de México aprobó las reformas al Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales y la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos.

Su impulsor, el diputado federal del PAN, Oscar Arce Paniagua expuso que la reforma considera a las personas acusadas de robo de hidrocarburos como miembros de la delincuencia organizada. Dijo que se estiman en tres mil millones de dólares al año las pérdidas de la estatal Pemex por este tipo de robos, los cuales en la mitad de los casos están relacionados con bandas dedicadas al narcotráfico y otras actividades de la delincuencia organizada.

EL legislador nacional Arturo Zamora Jiménez, sostuvo que el robo de combustibles daña a la economía nacional, lesiona y pone en peligro a la población, genera competencia desleal, provoca corrupción institucional y social.

Ante ello, manifestó que es importante establecer una pena de 3 a 10 años de cárcel a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos de las instalaciones petroleras o altere instrumentos de medición para enajenar los combustibles. Asimismo propuso castigo de 3 a 6 años de cárcel y de 500 a 1.000 días de multa a los expendedores que con conocimiento entreguen una cantidad menor en 1.5 por ciento a la pactada o 4 por ciento en caso de gas.

Además, se penalizará con 8 a 12 años de prisión y de mil a 12 mil días de multa a quien sustraiga hidrocarburos de ductos o instalaciones de Pemex. “Se aumenta la pena hasta en una mitad cuando se trate de un trabajador o servidor público de la industria petrolera”, apuntó Zamora Jiménez.

Asimismo se prevén castigos de 3 a 10 años de prisión a quien altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar los hidrocarburos o sus derivados.

La reforma aprobada y devuelta al Senado faculta al Ministerio Público para que se encargue de vigilar el aseguramiento del hidrocarburo sustraído y su posterior entrega a la paraestatal o sus subsidiarias.