Preocupación entre los expendedores de Shell por la posible aplicación de sanciones

Los titulares de estaciones de servicio que comercializan combustibles de la marca Shell se mostraron sorprendidos por la posibilidad de que la Secretaría de Comercio les aplique sanciones por no retrotraer los precios al 28 de enero tal como dicta la Resolución 13/2011. Los empresarios, que se hicieron eco de versiones periodísticas que aseguraban que la dependencia a cargo de Guillermo Moreno comenzó a instrumentar el régimen de penalidades contemplado en la ley 20.680 de Abastecimiento, admitieron su preocupación y analizan presentar un reclamo formal para evitar las multas

Fuentes cercanas a la Secretaría de Comercio señalaron a la agencia oficial Télam que existen cuatro expedientes armados y que las sanciones contemplan multas para estaciones de servicio de la firma anglo-holandesa que se encuentran en infracción. Shell nunca bajó los precios de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional.

Los estacioneros aseguran que la petrolera les vende el combustible a los nuevos valores y que les resulta imposible comercializarlos sin aplicarles el aumento. “Estamos comprometidos”, admitió un operador al tiempo que reclamó al Gobierno que debería darse cuenta quienes son los formadores de precios.

La angloholandesa presentó una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra la Secretaría de Comercio Interior a fin de que declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución en tanto se trata de una norma manifiestamente arbitraria e ilegal. Asimismo, solicitó que “con carácter urgente, se dicte una medida cautelar que suspenda la aplicación de la Resolución 13/2011 hasta que se resuelva el amparo interpuesto, atento a su ilegitimidad y a que contraviene el ordenamiento legal vigente en el sector, establecido por normas de mayor jerarquía“.

La petrolera actuó de manera similar cuando en agosto del año pasado Moreno aplicó la Resolución 295 logrando la aprobación judicial a su reclamo. La decisión legal abarcaba solamente a la empresa no siendo extensiva a la red de estaciones de servicio cuya explotación esta en manos de operadores independientes con contratos de suministro, ya que –naturalmente- son personas físicas o jurídicas distintas de Shell, ajenas a ese proceso y con obligaciones propias derivadas de la aplicación del régimen.