La Justicia federal frenó maniobra con gasoil subsidiado que involucraba a estaciones de servicio

Una empresa fantasma de Resistencia, Chaco, consiguió a través de un recurso de amparo presentado a principios de diciembre en Puerto Iguazú, que la empresa YPF le entregara diariamente 42.900 litros de gasoil subsidiado (a 90 centavos el litro) en una estación de servicios de Fátima, en Posadas. Tras detectar la irregularidad, la petrolera realizó una denuncia ante el Juzgado Federal de Posadas, que ordenó una serie de medidas, entre ellas suspender la entrega del combustible.

Ahora, nuevas revelaciones permitieron determinar que en la maniobra para entrega de combustible subsidiado a una empresa fantasma del Chaco, se obligaba a vender a una estación de servicio de YPF, en Fátima, Posadas y a otra de Puerto Iguazú. En ambos casos por un total de 42.900 litros diarios de gasoil en cada expendedora, a 90 centavos, por lo que diariamente esta empresa identificada como Nuevos Rumbos SRL accedía a un total de 85.000 litros. Vendiéndolo a 3 pesos, podía hacerse de una ganancia “limpia” de 171.600 pesos diarios.

La causa se abrió ante una denuncia de YPF ante el Juzgado Federal de Posadas contra esta firma que a través de un recurso de amparo al que se le hizo lugar a comienzos de este mes en Puerto Iguazú por decisión de un juez subrogante, se veía obligada a entregar combustible subsidiado a una firma que desde el 2005 no tiene colectivos –estaba registrada en el rubro de transporte de personas- ni abona impuestos.

Según trascendió, la firma Nuevos Rumbos SRL presentó a principios de diciembre un recurso de amparo ante un juez Civil, Comercial y de Familia de Puerto Iguazú, pese a que desde el año 2005 no tiene colectivos y tampoco abona impuestos.

Insólitamente, el magistrado hizo lugar al recurso de amparo y desde hace tres semanas YPF descargaba diariamente 42.900 litros de gasoil a un cuarto de su valor en el mercado.

Fuentes cercanas al caso dijeron que la maniobra es similar a la que se produjo hace dos años en la provincia de Santiago del Estero, cuando un juez obligaba a entregar en Buenos Aires combustible subsidiado que supuestamente estaba destinada a empresas de transporte de la mencionada provincia.