La Justicia vuelve a fallar a favor del uso de reactivos para determinar la procedencia de las naftas

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia integrada por los Dr. José Luis Aguilar y la Dra Ana Victoria Order, rechazó el planteo de una estación de servicio que reclamó que se declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales N° 1359, 1364, 1400 y 1502, en virtud de no ajustarse a derecho, toda vez que imponen a los titulares de estaciones de servicio la utilización obligatoria de métodos físicos-químicos por medio del uso de reactivos o trazadores tendientes a distinguir, en forma inequívoca, los cortes de hidrocarburos o productos que comercializan.

El procedimiento tiene como objetivo detectar potenciales casos de evasión impositiva en el negocio de las naftas. En síntesis, el Organismo recaudador quiere evitar que sean vendidos fuera de la región subsidiada, situada al sur del Rio Colorado y hasta Tierra del Fuego, los combustibles cuyos valores de comercialización son mas bajos en virtud de encontrarse exentos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

El expendedor hizo hincapié en el traslado de la función que antes correspondía al Estado, al contribuyente, quien debe realizar procedimientos de constatación mediante la utilización de reactivos de alta complejidad, soportando a su cargo los gastos de la función verificadora.

El Tribunal desestimó la petición del cargo basándose en el Artículo 9º de la Ley que establece que los estacioneros podrán computar como pago a cuenta del impuesto al valor agregado el monto neto de impuestos correspondiente a las compras de los reactivos químicos necesarios. Describe que el dueño de la estación de servicio, no logró acreditar la situación de desventaja que genera la compra del kit para realizar las pruebas, que si bien implican un esfuerzo inicial, luego será compensado, “lo que equivale a poner en práctica la doctrina del esfuerzo compartido, que apunta a proteger el interés general de la comunidad”.

La sentencia finalmente no dio lugar al recurso interpuesto por el empresario, que no ha podido demostrar fehacientemente el perjuicio concreto que origina la aplicación de la norma, y de qué manera se ve impedido el ejercicio de su actividad comercial, pues la declaración de inconstitucionalidad pretendida, configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico.