Controversias en Córdoba por la prohibición del expendio de nafta a motociclistas sin casco

La interna dentro del concejo deliberante en Villa María, Córdoba está que arde frente al proyecto de ordenanza que busca establecer la prohibición de vender combustible a motociclistas que no usen casco. Tanto el Sindicato Petrolero como la Federación de Expendedores coinciden que no se debe aprobar el texto, a los que se le suma la Democracia Cristiana. Sin embargo, parece que se aprobará por la mayoría.

El proyecto busca modificar el Código de Tránsito y obligar a los dueños de estaciones de servicio a vender nafta o gasoil sólo a los conductores de motocicletas que porten el casco protector.

En este caso directamente se prohíbe la venta de combustible, no como en otros municipios donde en una primera etapa busca la concientización con ayuda de los inspectores y repartiendo folletería para no ser punitivo. Sin embargo, la propuesta quiere que los agentes de tránsito se encuentren en las estaciones para poder verificar que la ordenanza se cumpla.

Aquí surge uno de los problemas, el del cliente frente al empleado que actúa como inspector. La Democracia Cristiana adelantó su posición contraria a la mencionada norma acusando que no se debe involucrar a los comerciantes. En la misma línea se posa la Federación de Expendedores de Centro, y también el Sindicato Petrolero de Córdoba.

“Hace unos quince días nos invitaron a debatir el asunto al Concejo tanto nosotros los representantes de los trabajadores como a los de la federación. En realidad coincidimos en que no  pueden hacer de policía ni los patrones ni los empleados, no corresponde”, explicó Guillermo Borelli encargado de las relaciones institucionales del Sindicato.

Sin embargo, la etapa de concientización servirá como una suerte de “aviso”, para que no ocurran inconvenientes en el futuro. “Previamente, se realizará una fuerte campaña de información que permita evitar situaciones e inconvenientes a los estacioneros”, expresaron desde la bancada presidida por Carlos De Falco, que quiere que la ordenanza comience a regir el 1 de abril de 2011.