Proponen redestinar lo recaudado por el impuesto a los combustibles a construir viviendas

Un Proyecto de Ley que lleva la firma del Diputado Nacional Fabián Peralta propone incrementar el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) mediante la apropiación del impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos. El legislador sostiene que durante el inicio de la década del noventa se produce una modificación importante (Ley 23.966), a partir de la cual el FONAVI comienza a funcionar con recursos provenientes de un tributo nacional sobre los combustibles líquidos (gasoil, kerosene, diesel-oil, naftas, gasolina natural, solventes y aguarrás) y el gas natural comprimido.

Inicialmente, el 42% del total recaudado por estos tributos era destinado a su financiamiento. Esto último tiene lugar sólo hasta el año 1996, momento en el cual se le extrae una proporción importante de recursos (Ley 24.699). Se establece que lo producido por los impuestos que gravan en forma específica al gasoil, al kerosene, al diesel-oil y al gas natural comprimido se asigne en un 100% al financiamiento de la ANSES.

Además, se define que el 21% de lo recaudado por el resto de los impuestos (es decir, aquellos que gravan en forma específica naftas, gasolina natural, solventes y aguarrás) también tenga como destino el Sistema de Seguridad Social.

Peralta afirma que la propuesta tiene como objetivo fortalecer el FONAVI, única herramienta federal y regular de financiación que tienen las provincias de la Argentina para generar soluciones habitacionales.

La modificación introducida en el año 1996 por el Artículo 2º de la Ley 24.699 sobre el régimen de distribución establecido por el Título III Capítulo IV de la Ley 23.966, significó para el Fondo Nacional de la Vivienda una reducción mayor al 50% en el nivel de sus ingresos. Esta modificatoria tuvo como objetivo reducir el déficit del Sistema de Seguridad Social de la Argentina, el cual se había agravado como consecuencia de la reforma del Sistema Previsional del año 1993.

Esta reforma significó un cambio radical en el funcionamiento previsional hasta ese momento vigente e implicó el reemplazo del régimen estatal de reparto por un régimen de capitalización privado. Este nuevo régimen permitió la aparición de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), las cuales comenzaron a percibir y administrar los aportes de los trabadores. Este hecho significó un duro golpe al ya deficitario Sistema de Seguridad Social, el cual dejó de recibir una fuente de financiación fundamental.