La Justicia revocó un fallo que condenaba a un expendedor a pagar el Impuesto al cheque luego de detectarle pagos en efectivo por la compra de combustibles

El Tribunal Fiscal de la Nación dispuso revocar la determinación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios practicada por el Fisco a un expendedor al que se le detectaron pagos en efectivo mediante depósitos en las cuentas bancarias de su proveedor, pues, de la observación de las planillas de cobranza surge que los pagos importantes fueron cancelados tanto en efectivo, como con cheques propios o de terceros.                    

El estacionero apeló una resolución de la AFIP que tiene su origen en una fiscalización llevada a cabo por el Organismo Fiscal, en la que se observó que la contribuyente tiene como actividad principal declarada la venta a por menor de combustibles y que habría realizado pagos en afectivo a su principal proveedor en su respectiva cuenta corriente, proceder que para el Juez administrativo se encuentra incluido en la ley del impuesto sobre los débitos y créditos en las cuentas corrientes bancarias.  

La sentencia determinó de oficio que debía liquidar el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios que debió haber ingresado a las arcas del Estado, más  los intereses resarcitorios aplicándole una multa equivalente al 70 % del tributo determinado.  

La defensa del empresario explicó que los pagos fueron realizados a la firma Refinor S.A mediante depósito en una cuenta habilitada por ésta a tal efecto. Y sostuvo que el depósito de dinero en la cuenta del proveedor queda alcanzada por el gravamen siempre que se den dos condiciones esenciales: 1) el contar con un sistema de “pago organizado” y 2) que se reemplace el uso de la cuenta bancaria del sujeto pagador. Al respecto, alegó que la expresión “sistema de pago organizado” es polivalente, sin sentido predeterminado, toda vez que no encuadra en ninguna tipología económica y mucho menos jurídica, a tal punto que ni en el informe final de la inspección actuante ni en el expediente administrativo, hay un solo vestigio siquiera de los que el inspector habría entendido por ello a efectos de justificar el ajuste. 

En su alegato, el expendedor remarcó que casos como este, en el que se trata de la existencia de pagos a proveedores mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias (medio aceptado por la Ley N° 23345 Antievasión) para cancelar operaciones no siendo además éste el único medio de cancelación de las compras efectuadas por la contribuyente lo cual evidencia que es circunstancial, no puede catalogarse a los eventuales pagos efectuados bajo condiciones de un “sistema organizado” que tenga la finalidad de reemplazar el uso cuentas bancarias propias. “Por el contrario, que el pago en efectivo se efectúe en una cuenta del Banco Río de titularidad del proveedor, tiene el efecto de `bancarizar´ la operación”, subrayó. 

Los jueces Agustín Torres, Carlos A. Porta y Juan P. Castro, no solo revocaron la resolución de la AFIP sino que le aplicaron el pago de las costas correspondientes.   

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