Legisladores nacionales al oficialismo y la oposición propusieron a través de un Proyecto de Ley (6662-D-2018), la creación de un Consejo Nacional de Instaladores matriculados de Gas, en el cual deberán inscribirse todos aquellos que se desempeñen en la profesión, incluso los Representantes Técnicos de estaciones de carga de GNC.

La iniciativa dispone que la entidad tenga capacidad de persona jurídica de derecho privado para ejercer todos los actos administrativos que fuesen necesarios para su cometido. Los recursos básicos provendrán de los derechos de inscripción y renovación de la matrícula, cursos de capacitación, visados y recepción de trámites ante las empresas de servicios.

Asimismo contará con una delegación provincial en cada una de las provincias de la República Argentina en la que exista gas por redes, sea natural o bien gas licuado de petróleo.

Según establece la propuesta, incluirá a quienes realicen proyectos, direcciones, asesoramientos, mensuras, ensayos, análisis y certificaciones.

También a quienes ejerzan representaciones técnicas, cargos, funciones, comisiones o empleos, privados o públicos, incluso nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte en obras y servicios de gas natural, gas licuado, GNC, en un todo de acuerdo a las incumbencias de planes de estudios aprobados por las distintas universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional oficiales.

El ejercicio profesional deberá llevarse a cabo mediante la prestación personal de los servicios, con personal de su dependencia o contratado a esos efectos, bajo su exclusiva dirección y responsabilidad.

Para ejercer la actividad que regula esta ley, el profesional deberá estar inscripto en la matrícula que otorgará el Consejo Nacional de Instaladores Matriculados de Gas, Sanitarios y Afines, la que será reconocida por terceros y empresas de servicios públicos en todo el territorio nacional argentino.

De acuerdo a sus impulsores, “la creación del Consejo Nacional de Instaladores Matriculados de Gas, Sanitarios y Afines tiene por objeto resolver la situación de miles de profesionales y empresarios que desarrollan la actividad en un marco de desorden e incertidumbre”.

Además, sostienen que el contralor a través de un Consejo Nacional con sus respectivas delegaciones provinciales y regionales, integrado por personas elegidos democráticamente entre sus pares, imparciales y reglados, tiende a asegurar que los matriculados y los servicios que ellos presten, eleven su calidad y eficiencia.

Finalmente recalcaron que el Concejo tiene por objetivo primordial la capacitación profesional y la actualización técnica permanente de los matriculados, ejerciendo también la defensa del futuro usuario ante incumplimientos e ineficiencia de los matriculados en el ejercicio de su profesión.