Combustibles exentos: proponen redefinir el área de influencia para volver a gozar de los beneficios impositivos

Desde el año 1991 rige la ley n° 23.966 que definió el marco regulatorio impositivo para los combustibles líquidos y el gas natural. Mediante dicha norma se creó el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos en todo el país, de manera que incidiera en una sola de las etapas de su circulación un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de los productos de origen nacional o importado, que se detallan en el Artículo 4° de la citada norma. Quedaban sujetos al impuesto los productos consumidos por el responsable excepto los utilizados exclusivamente como combustibles en los procesos de producción o elaboración de hidrocarburos y sus derivados.

Por su parte, a merced de lo dispuesto en el Inciso d) del Artículo 7° de la referida Ley, los consumidores finales de una amplia franja territorial de la Patagonia Argentina obtuvieron entonces una significativa rebaja en el precio de los combustibles líquidos respecto a los vigentes en el resto del país.

Entre las razones que justificaron la medida bien podemos señalar las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor densidad poblacional; el uso de automóviles como una necesidad o herramienta de trabajo y no como bien suntuario; el mayor costo de vida; el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa.

También resulta dable señalar entre los antecedentes, y que encuentra su justificación en la promoción de la citada actividad turística, el Decreto del PEN nº 677/99 que refiere a exenciones parciales en la zona sur (San Carlos de Bariloche; Río Negro, y Villa La Angostura, Villa Traful, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, Provincia del Neuquén), aunque la rebaja dispuesta en el monto del impuesto a liquidar por litro de nafta vendido para el consumo en dichos ejidos municipales fue derogada.

Según explica el Senador Nacional Guillermo Pereyra, de los beneficios surgidos gracias a este marco normativo poco es lo que ha quedado. “Los sucesivos aumentos en los precios de los combustibles líquidos han llevado a que en la actualidad esa diferencia sea mínima, casi imperceptible cuando originariamente los precios pagados en la región significaban valores inferiores al cincuenta por ciento respecto a los vigentes en el resto del país para el caso de las naftas”.

Tal situación llevó a que la Secretaría de Comercio Interior dicte la Resolución n° 295/2010, la cual dispone en su Artículo 2° que el precio de comercialización de los combustibles líquidos deberá ser igual al vigente al 31 de Julio de 2010, debiendo dar cumplimiento a dicha prescripción cada uno de los integrantes de la cadena de comercialización, intermediación, distribución y producción.

“Esta normativa,  como asimismo, los sucesivos y posteriores aumentos registrados no soluciona la pérdida del beneficio señalado  agravando las circunstancias; ya que desde una incidencia en el precio al consumidor final de la mitad en su origen, apenas alcanza al 10 por ciento aproximado en la actualidad”, señaló Pereyra.

El legislador destacó que la región patagónica aporta 84.33 por ciento de todo el petróleo que se produce en el país y el 75.83 de todo el gas. Sin embargo,  en la Provincia de Río Negro se pagan los combustibles un 5 .62 por ciento más caros de lo que se paga en promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en Neuquén un 4.28, y en La Pampa un 10.83. “En Río Negro, productora de petróleo, y Neuquén, la gran productora del futuro con los no convencionales, se paga más que en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

Para remediar esta asimetría, Pereyra  proyecto un Proyecto de Ley que propicia redefinir el área de influencia susceptible de aplicación del beneficio incluyendo a las Provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del ejido municipal de la localidad de La Adela (departamento de Caleu-Caleu, La Pampa) y del Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. Las medidas se justifican por los motivos antes referenciados y también por las contribuciones que desde esas provincias se realizan en tanto productoras de hidrocarburos.

Finalmente, consignó que la normativa en consideración reconoce como antecedente inmediato la Resolución nº 2320 del Concejo Deliberante del Partido de Patagones fechada el 18 de Diciembre de 2014, la cual citando precedentes del Parlamento Patagónico “adhiere a toda gestión y/o acción tendiente a lograr el corrimiento de la línea geográfica a partir de la cual se registre el combustible subsidiado para las provincias y el Partido de Patagones que componen la Patagonia Norte”.