Estaciones de servicio se manifiestan en contra de la ley de hidrocarburos

Más allá de que en la práctica no participan del debate, las bocas de expendio están afectadas por lo que pueda ocurrir en el mercado petrolero luego de la sanción de una nueva normativa que regula todas las aristas de la actividad. Son el último eslabón de la cadena y la cara visible de la industria.

Por citar apenas un ejemplo de su incidencia en el producto final y en la estabilidad económica de los expendedores, cabe señalar que el costo del combustible en surtidor creció en un año un 60 por ciento, por necesidad de las operadoras de financiar los planes de exploración en los reservorios. Esto hizo menos competitivas a las marcas más caras, obligándolas a nivelarse con YPF.

Para las refinerías, por caso, la calidad del crudo que reciben determina el volumen total que puedan elaborar. En Argentina en general las plantas están diseñadas para trabajar con variedades livianas. En tanto, mientras menos stock haya a disposición, más caerá la obtención de naftas y gasoil. Son apenas dos asuntos palpables que cabe destacar.

Es teniendo en cuenta los efectos que causará en el futuro una política que considera desacertada que Luis Malchioldi, presidente Federación de Entidades de Combustibles (FEC) siente la “obligación moral de expresar nuestra opinión respecto de la nueva ley”.

“Nosotros comercializamos el resultado final de la industria; las estaciones son el resultado de la gestión; cómo está planteada la ley ni olor a petróleo nos van a dejar cuando terminen los contratos de concesión”, cuestiona.

Para explayarse, Malchioldi redactó un comunicado de prensa, analizando el tema:

LEY DE HIDROCARBUROS: ¿A QUIENES BENEFICIARÁ?

“Otra Ley fundamental para los intereses nacionales que se intenta aprobar rápidamente, por mayorías automáticas y sin debate. El proyecto de Ley de hidrocarburos deja librado al capricho del Poder Ejecutivo Nacional autorizar las exportaciones de petróleo, gas y sus derivados, desalentando las inversiones de riesgo y violentando las libertades constitucionales de comercio e industria. 

Avasalla las autonomías provinciales y viola la Constitución Nacional. El control de la actividad petrolera queda sometido a una “Comisión” creada por el Poder Ejecutivo nacional según el Decreto 1277/12. 

El proyecto de Ley faculta a otorgar concesiones de exploración y explotación por hasta 35 años, cuando en Estados Unidos similares concesiones se otorgan por plazos de entre 5 y 10 años. 

Se intenta comprometer el patrimonio energético nacional privando de sus derechos sobre el mismo a las dos próximas generaciones de argentinos. El proyecto no garantiza la protección del medio ambiente. 

En consonancia con el proyecto de Ley de hidrocarburos, la Ley 26.993, de reciente sanción, suprimió el Tribunal de Defensa de la Competencia instituido por la Ley 25.156, y nunca puesto en funciones por los últimos gobiernos. Ningún órgano independiente garantizará la defensa de la competencia en la República Argentina. 

La producción de hidrocarburos será puesta en manos de monopolios, en contra del interés nacional. El Decreto 1277/12 y la Ley 26.991 de Regulación de relaciones de producción y consumo lesionan libertades de industria y comercio garantizadas por la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales, bajos tales condiciones 

¿Qué clase de inversiones se pretende atraer para el sector petrolero? El contrato de explotación celebrado entre YPF SA y CHEVRON contiene cláusulas secretas que anticipa el tipo de contratación que se intenta propiciar. Una nueva entrega del patrimonio nacional se intenta llevar a cabo, apresuradamente, y sin mediar debates. La oposición en su totalidad debería comprometerse públicamente en derogar la Ley”.