La aplicación de la Tasa Vial sobre los combustibles, un adicional sobre el precio al público que se cobra en distintas provincias y localidades del país, generó el rechazo de los expendedores que responsabilizan a la medida de provocarles una considerable baja en las ventas, especialmente en las ciudades lindantes a otras que no lo recaudan.

Tal es el la oposición que produce en el sector, que días atrás la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) anunció que realizará un cese de actividades y movilización en los partidos bonaerenses que lo perciben. Acusan que el gravamen tiene efectos recaudatorios y que es ilegal.

La entidad apunta a los intendentes del Frente Renovador de los municipios de Vicente López, Tigre, San Miguel, San Fernando, San Isidro, San Martín, Hurlingham, Malvinas Argentinas y Pilar, en el Gran Buenos Aires, y los partidos de Junín y Olavarría en el interior provincial y reclamó al líder de ese espacio político, Sergio Massa, que “deje sin efecto la aplicación de esta tasa que amenaza a muchas bocas con el cierre“.

Según los expendedores, el paro contaría con el respaldo del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio. Sin embargo la postura de esta última agrupación no parece ir en el mismo sentido ya que imaginan otro destino para lo recaudado por ese concepto.

Andrés Doña, secretario gremial del SOESGyPE confió a este medio que su postura es bien diferente a la de los operadores. Considera que el Estado debería distribuir el dinero con las estaciones de servicio, a la larga la herramienta indispensable para instrumentar la medida. “No estamos en contra”, afirmó pues, “puede colaborar a mejorar la ecuación económica de las Pymes de la actividad”, remarcó.

El dirigente sostuvo que el plus “brindaría mayor rentabilidad a las empresas y garantizaría la estabilidad del personal”, especialmente en un contexto que calificó de “amesetado” reconociendo de este modo una menor presencia de autos frente a los surtidores.

Doña precisó que este y otros temas, entre los que destacó la posible afectación sobre la salud de los empleados que podría provocar la manipulación de combustibles, serán debatidos próximamente en un diálogo multisectorial al que invitarán a participar a petroleras y expendedores.