Vaticinan mayor retracción en el consumo a partir de la suba impositiva en los combustibles

La voracidad fiscal vuelve a impactar nuevamente en la actividad de las estaciones de servicio. Esta vez tras el argumento de reforzar el combate contra la inseguridad, el gobierno bonaerense dispuso que el año próximo la venta al por menor de combustibles líquidos pague más Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Así lo dispuso la Ley Tarifaria que la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el director ejecutivo de ARBA, Iván Budassi, presentaron en la Legislatura junto con el Presupuesto para 2015. “Los ingresos provenientes de las actividades de ventas al por menor pasarán de estar gravadas en forma uniforme al 3,40 por ciento, a pagar 3, 3,5 y 5, en función de la facturación del año anterior del contribuyente”, ordena.

Fabián Tobalo, asesor legal de la Federación de Empresarios de Combustibles (FEC), entidad que representa a los expendedores de la región, augura un futuro poco alentador para la actividad. Sostiene que entre el sinceramiento de los precios a partir de la confiscación de la participación accionaria en poder de Repsol sobre YPF (marzo de 2012), sumado a la aceleración del proceso inflacionario y en los últimos tiempos, la retracción de la economía,  han conformado un conjunto de medidas que originó la caída de la demanda de los combustibles líquidos, en especial el diesel y la nafta grado 3.

“Con ese antecedente, cualquier aumento de la presión  tributaria (ya elevada) debería saldarse con una caída adicional de consumo. Esta observación supone la existencia de un mercado competitivo, lo que no tenemos en Argentina en materia de combustibles líquidos, dada la intervención directa de YPF en el mercado minorista por medio de su red consignada (prácticamente la totalidad de las bocas que llevan esa bandera, operadas por terceros, expenden `por cuenta y orden´de YPF SA)”, señala a modo de argumentación.

Tobalo agrega que “como esa sola compañía capta más del 50 por ciento del mercado nacional de líquidos y, además define directamente los precios al consumidor sobre aproximadamente 1400 bocas, no hay real competencia en el segmento minorista (al menos, los expendedores no tienen incidencia efectiva sobre los precios de los combustibles). De tal modo, dependerá principalmente de la política comercial que defina YPF sobre su red, cómo se traslada cualquier nuevo tributo al precio del surtidor”, precisa.

El especialista analiza que en el contexto actual, “cualquier incremento de precios al consumidor tendrá su correlato en una retracción adicional de la demanda de productos”. Esto se explica en alguna medida por el atraso de los salarios frente al IPC, que coexiste con una actualización de los precios de los combustibles (por encima de la tasa de inflación, estimada según mediciones privadas). “La convergencia de estos dos factores no pueden llevar a otra consecuencia que la disminución de las ventas”, vaticina finalmente Tobalo.