Un proyecto de Ley sacude al mercado petrolero: proponen expropiar refinerías y estaciones de servicio

En abierta contraposición a la Ley de Hidrocarburos que comenzó a debatirse en el Congreso de la Nación, el Bloque del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que conduce el Diputado nacional Nicolás del Caño en conjunto con el Frente de Izquierda de Néstor Pitrola, presentaron su propio Proyecto de Ley en el que reclaman la creación de una única empresa petrolera nacional que tenga control estratégico sobre los recursos, desde el pozo hasta el surtidor.

Para que no queden dudas de su objetivo, la iniciativa se denomina “De Expropiación y Nacionalización de la Industria Hidrocarburífera”. Lleva por número 7627-D-2014 y fue girada a la Comisión de Energía y Combustibles, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

Dentro su extenso articulado, el Nº 8 es uno de los salientes: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, tanques cisternas, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles afectados a la producción y/o distribución, de propiedad de toda compañía petrolera o de servicios petroleros contratista que opere dentro del territorio nacional y que ocupe a más de 100 trabajadores. También podrán ser expropiadas aquellas empresas petroleras que, ocupando una cifra inferior de obreros, sus patrones hayan declarado en quiebra, hayan abandonado, o por cualquier otro motivo hubieran decidido despedir trabajadores sin causa”.

Para justificar la idea, los legisladores aseguran que “el déficit energético es producto, no de la ausencia de hidrocarburos en el subsuelo nacional, sino de años de explotación sin exploración de nuevos pozos”. En su opinión, las causas que derivaron en este presente fueron la “privatización y remate a precio vil de la empresa pública estatal, así como aquella dedicada a la extracción y distribución de gas, que sólo benefició a distintos grupos económicos concentrados, especialmente extranjeros, para quienes en ese entonces se tasó las reservas un 30 por ciento por debajo de lo que se estimaban”.

“La historia ha demostrado que las empresas privadas del sector hidrocarburos sólo han buscado la maximización de las ganancias inmediatas pretendiendo agotar en el menor tiempo posible los recursos que fueron depositados en el subsuelo a lo largo de millones de años. En tanto, las empresas estatales sin control obrero no permitieron que la renta hidrocarburífera significara una mejora en las condiciones de vida del conjunto de la población, beneficiando a las camarillas gobernantes que disponen de esos recursos”, apuntaron.

“Al no aportarse parte de esa renta al desarrollo de otras industrias, de la educación y la salud públicas, de planes de viviendas, y de energías alternativas, se hipoteca el futuro energético y económico, y la salud y bienestar del pueblo trabajador. En ese contexto la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera se demuestra como un acto de soberanía elemental”, argumentaron para reclamar a sus pares la aprobación del polémico Proyecto.