Un nuevo proyecto regulatorio pone en alerta a las estaciones de servicio

El Gobierno presentó un proyecto de ley para reglamentar por primera vez el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece los derechos de los consumidores de todo el país. En principio, la iniciativa contempla la creación de ocho nuevos juzgados, una auditoría y un servicio de conciliación.

El principal objetivo de la propuesta oficial es garantizar el acceso a una resolución de conflictos que actúe con “celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor”.

Para eso, el Gobierno contempla crear más de 200 puestos, entre los que se incluyen auditores, jueces de primera instancia, vocales de la Cámara de Apelaciones, fiscales y defensores públicos, además de secretarios, escribientes y ayudantes para los nuevos tribunales.

Frente a esta posibilidad, Alejandro Tobalo, asesor legal de La Federación de Expendedores de Combustibles (FEC) recomienda a los expendedores de combustibles “no dejar al cliente sin solución para su problema”, ya que “luego la reparación puede resultar más costosa y a ello se suma el daño a la imagen comercial”.

Entre los conflictos más comunes que se desatan con los clientes, Tobalo mencionó “cuando se produce un error en la carga de combustible y un empleado pone nafta en un tanque de diesel o viceversa”. En estos casos asegura que es conveniente “dar respuesta inmediata para evitar un daño mayor”.

Tobalo se refirió respecto de otros puntos de desencuentro con los consumidores: “ocasionales daños en los vehículos, golpes y roturas de parabrisas”. El experto en derecho advierte que “siempre hay que responder por el hecho del dependiente (art. 1113 Código Civil)”. No se producen con tanta frecuencia pero asegura que no es descabellado que ocurran situaciones de esta naturaleza.

Para resolver las denuncias, el proyecto del Gobierno contempla crear tres mecanismos legales: el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.

Allí, los usuarios podrán reclamar resarcimientos de hasta 60 veces un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). Si hoy la norma estuviera en vigencia, un usuario estaría en condiciones de pedir hasta $220.000 como compensación por un servicio o producto defectuoso.

Aunque, de ser necesario, los jueces estarán en condiciones de condenar a las compañías a pagar cifras aún mayores, según establece la iniciativa que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y su par de Justicia, Julio Alak.