Sólo por impuestos atrasados, los combustibles deberían aumentar más del 20 por ciento

Durante el año 2021, mediante diversos decretos, el gobierno nacional postergó las actualizaciones en el impuesto a los combustibles (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC). En este sentido, y según se desprende del decreto 820/21, el ajuste impositivo correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre calendario del año 2021, surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de marzo de 2022. A ello debe sumarse el que debería realizarse en marzo, tomando como referencia el cuarto trimestre del año 2021.

Cabe recordar que según la Ley 23.966, las actualizaciones deben hacerse en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, manteniendo como referencia la inflación registrada dos trimestres anteriores a cada adaptación.

En diálogo con surtidores.com.ar, el Licenciado en Administración y consultor de empresas del sector, Cristian Bergmann, afirma al respecto que durante el año 2021, a partir de las postergaciones decretadas por el gobierno nacional, “se advierte que para el mes de marzo, la actualización correspondiente a los cuatro trimestres del año anterior asciende en promedio al 20,7 por ciento del precio en surtidor”.

Para el caso de las naftas, explica que el ajuste impositivo debería ser del 18,2 por ciento, tomando como referencia los precios actuales en CABA. Implica 16,45 pesos por litro.

Para el gasoil, debería ser del 23 por ciento, lo que representa 19,4 pesos por litro.

“También debemos tener en cuenta que pueden existir variaciones en el porcentaje de corte de bioetanol, con un impacto en el costo final de los combustibles a raíz de la exención sobre el producto bio. Ello puede incrementar el impacto impositivo”, advierte.

Bergmann analiza que es probable que desde el gobierno nacional hayan apostado a la ágil sanción de la nueva ley de hidrocarburos, que en su articulado plantea la vuelta al cálculo de los impuestos a los combustibles como un porcentaje del costo de producto. “Aunque todo hace vislumbrar que su trámite legislativo se encuentra estancado”, sostiene.

“Lo importante de esta situación que debe resolverse con premura, es constituir una mesa de diálogo sectorial, compuesta por todos los actores de la cadena y en la que participen el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso de la Nación, todas las provincias -no sólo las petroleras-, cámaras empresarias, sindicatos y asociaciones de consumidores”, subraya el economista.