El senador nacional Pablo Blanco, presentó un Proyecto de Ley (S-2090/2020) a raíz de lo acontecido con el robo de hidrocarburos a un oleoducto de la empresa YPF y su posterior refinación para distribuirlo en el mercado del agro y en Estaciones de Servicio sin banderas.

El hecho delictivo, ocurrido a lo largo de varios años y que ocasionó la pérdida de una vida el 2 de febrero del corriente año a partir de lo cual se inicia la investigación que dio lugar al esclarecimiento, incluyó actividades ilegales de obtención, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, cuyo objetivo principal fue la obtención de un lucro económico al margen de la ley.

Para Blanco, “se basó fundamentalmente en la vulnerabilidad de los sistemas de protección de activos de la empresa y de la supervisión de toda la cadena de valor hasta las bocas de expendio”.

Pero además, afirma que la escala económica de estas actividades fraudulentas, “provocó un daño directo a los consumidores que emplean combustibles que no cumplen con los requisitos de calidad y seguridad de las expendedoras autorizadas y certificadas y un daño grave al medio ambiente en los lugares de operación de estas destilerías, como es el caso de los derrames de residuos sobre el Riachuelo que habrían sido uno de los factores del descubrimiento de esta grosera cadena de delitos”.

“Una destilería clandestina no es una instalación menor que puede esconderse en un garaje”, advierte Blanco. “La movilidad de camiones con un promedio de 30000 litros de hidrocarburos es un hecho detectable. La circulación de cada camión con combustible debería ser monitoreada metro a metro para garantizar la seguridad en todas sus dimensiones”, cuestionó.

La iniciativa le asigna un párrafo especial a las Estaciones de Servicio “sin bandera”. Blanco asegura que  “son, históricamente, una zona gris en un mercado de altísima regulación como el de los combustibles”.

En ese sentido, exigió instaurar procedimientos para la trazabilidad de los procesos económicos desde el punto de vista de la legalidad, pero sobre todo de la seguridad de las personas. “El incumplimiento de este mandato, es una traición a la obligación más importante del estado: proteger la vida de quienes le pagan el sueldo. Una vida perdida por la inacción del gobierno, amerita la vergüenza y la acción correctiva para evitar que se repita en el futuro”, concluye el parlamentario.