El sector de los combustibles será analizado por la autoridad nacional de la competencia

Desde el 24 de Mayo se encuentra reglamentada la Ley de Defensa de la Competencia, que tiene entre sus objetivos principales que los consumidores tengan más y mejores opciones, y que las empresas compitan a partir de su calidad, precios e innovación.

Con esas premisas los sectores auditados con mayor urgencia son los del cemento, relacionado con la construcción y la obra pública, y el supermercadismo, que analiza la relación entre las empresas proveedoras y las principales cadenas del rubro.

Luego, aparece el sector de los combustibles. Una actividad que produjo novedades trascendentales como la desregulación del mercado el pasado 1 de enero y el congelamiento de los aumentos de precios por 60 días determinado por la Casa Rosada.

Al respecto, García Hamilton sostuvo que la apertura al contexto mundial posibilitó una nueva investigación en torno del sector, que se realizará con las herramientas que ofrece la nueva ley. La norma, autoría de los diputados Mario Negri y Elisa Carrió de Cambiemos, prevé la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia cuyos miembros serán propuestos durante este mes.

Y, serán ellos, los que investigarán la ingeniería financiera por la que las petroleras pagan por la materia prima de sus productos. Los funcionarios buscarán conocer la manera en la que las compañías juntan más pesos para pagar a sus proveedores en dólares y analizarán el momento en que lo hacen. Teniendo en cuenta las últimas devaluaciones de la moneda nacional se trata de un punto que no es menor.

García Hamilton sostiene que esta ley permitirá, además, controlar, de manera previa, todas las operaciones de fusiones y adquisiciones y un proceso expeditivo para los casos no problemáticos. En el sector de combustibles estos últimos no abundan.

Por último, el funcionario recordó que la nueva ley prevé no sólo multas más elevadas y mejor definidas sino que, además, podrá dictaminar la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a las firmas responsables de cartelización por hasta cinco años.  Si la infracción fuera realizada en licitaciones públicas, el período de exclusión, se eleva hasta ocho años.