Se desata la polémica por el cobro de la tasa vial

Actualmente los puestos de venta de YPF de Junín están cobrando a los consumidores los 12 centavos adicionales por cada litro de nafta o carga de GNC  que instrumentó el gobierno local en concepto de tasa vial a partir del primero de enero de 2014. En un primer momento 5 de los 10 establecimientos que en total tiene la pequeña localidad porteña se resistieron a la medida, escudados en una medida cautelar presentada por el Dr. Darío de Ciervo, reconocido abogado penalista de la ciudad. 

Las empresas que se ampararon en este derecho constitucional fueron: “Chocron Ángel José“, situada en calle Primera Junta 299, “Marcantonio Luis Fernando y María Victoria“, ubicada en calle Javier Muñiz 519, “Amado Di Marco SA“, sito en Avenida Rivadavia al 500 , “Santa Rita SC“, de Avenida República 599, y “Norberto Elisei“.

El problema se agravó a los pocos días, cuando la Municipalidad de Junín clausuró una estación de servicio por constatar que la habilitación estaba vencida. Esta respuesta de las autoridades fue duramente cuestionada en el sector, ya que la autorización legal estaba todavía en trámite y se retrasó por motivos que no dependían de los dueños del local. Fue interpretada como una represalia por la negativa a cobrar el canon a los combustibles.

Luego de que se desatara este conflicto, representantes del gobierno local llevaron adelante reuniones con los operadores de YPF de la zona con el objetivo de encontrarle una solución al tema. Guillermo Tapia, asesor legal del Frente para la Victoria de Junín, partido que se opone rotundamente al tributo y que presentó una acción declarativa de certeza – similar a un amparo – planteando la inconstitucionalidad, cuenta que “sorpresivamente a las pocas horas estos locales decidieron comenzar a cobrar la tasa”.

Como todavía el gravamen está cuestionado y aún debe resolver su legalidad la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Tapia recomienda a los consumidores “guardar los ticket cuando vayan a cargar nafta”, ante la posibilidad de que los magistrados fallen en contra y resuelvan devolver lo abonado injustamente.

Tapia explica que además “cada persona puede demostrar el perjuicio que sufre por el canon y solicitar la cautelar para sí mismo”. Puntualiza que “principalmente eso deberían hacerlo los ruralistas y transportistas debido a que la tasa es por el “uso de la trama urbana” y una persona que compra combustible para el campo no la utiliza”.