Se aceleran las gestiones para resolver un reclamo histórico de las Estaciones de Servicio

Desde hace varios meses, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina viene trabajando activamente para unificar la defensa de las Estaciones de Servicio de GNC involucradas en un antiguo reclamo de ENARSA. Se trata de un conflicto que se remonta a principios de este siglo, cuando se generaron presuntas deudas que hoy, más de dos décadas después, vuelven a aparecer en expedientes judiciales.

En diálogo con Surtidores, Jorge Saad, presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero y referente de CECHA, explicó que la entidad busca “una solución racional y definitiva” para evitar que se repita una situación que preocupa a todo el sector. “No se puede sostener que hubo deuda si nunca se interrumpió el suministro de gas. Las estaciones operaron con normalidad durante todos esos años”, afirmó.

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A pesar de que hay una resolución vigente que dispone mantener la provisión hasta el 30 de septiembre, algunas distribuidoras solicitaron a las Bocas de Carga el cese de su consumo hasta que regularicen su situación de abastecimiento.

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El caso tomó relevancia nacional en 2018, cuando ENARSA comenzó a enviar intimaciones a más de cien estaciones de GNC reclamando facturas impagas de comienzos de siglo. Cada boca de expendio recibió una exigencia promedio de 50 mil dólares, a pesar de que los empresarios aseguran que jamás estuvieron en mora.

El origen del conflicto se vincula a los cambios administrativos ocurridos cuando la productora de gas IEASA  se transformó en ENARSA. Por disposición del Ministerio de Energía de aquel momento, las distribuidoras dejaron de abastecer directamente a las estaciones y esa tarea pasó a manos de las comercializadoras. Fue allí donde se detectaron diferencias contables que, con el paso de los años, derivaron en reclamos que los estacioneros consideran infundados.

Para Saad, la postura de CECHA es clara: defender los derechos de los operadores, promover el diálogo con las autoridades y garantizar transparencia en todo el sistema de comercialización. “Queremos que se emitan certificados de libre deuda cada seis meses o al finalizar cada contrato, de modo que ningún estacionero vuelva a encontrarse con reclamos de hace veinte años”, subrayó.

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Más allá de que su funcionamiento generará una reducción del 7,1 por ciento de las importaciones totales del país y contribuirá a mejorar el abastecimiento, especialistas vinculados al sector de las Estaciones de Servicio relativizaron su efecto en la actividad.

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El dirigente reconoció que el proceso judicial genera costos y esfuerzos adicionales, ya que muchos empresarios deben contratar abogados, peritos y reconstruir documentación que ya no poseen. Sin embargo, destacó que “el trabajo en conjunto de las cámaras provinciales está fortaleciendo la posición de defensa y aportando orden a una situación heredada del pasado”.

En este sentido, los dirigentes preparan una presentación formal ante las autoridades energéticas y judiciales para que se revise la legalidad del reclamo. La entidad también exigió la prescripción de las supuestas deudas y que se esclarezcan las responsabilidades de las empresas intervinientes durante los cambios regulatorios de principios de siglo.

Pese a la complejidad del tema, en el sector predomina una visión constructiva. “Queremos mirar hacia adelante y no quedarnos atados a una controversia que nada aporta al desarrollo del GNC”, señaló Saad. “Las estaciones cumplen un rol fundamental en la movilidad sustentable del país, y nuestro compromiso es asegurar su continuidad con reglas claras y previsibles”, puntualizó.