Rumores de regulación de precios tras el congelamiento dispuesto por el Gobierno

La fijación de un techo a los precios de los combustibles que se expenden en las estaciones de servicio sigue disparando conjeturas de todo tipo, especialmente con lo que sucederá el D-181, el día posterior a la finalización del período de congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior al mando de Guillermo Moreno.

Como se recuerda, a las pocas de horas de conocerse la normativa, las petroleras decidieron aplicar aumentos que en general rondaron el 10 por ciento. YPF fue la que más subió, habilitada por la normativa, que permite a las empresas escalar sus pizarras –según la región- hasta la marca más alta del mercado, que en general son las estaciones de servicio que operan fuera de las redes oficiales.

Ante esa referencia a las empresas aun les resta acomodar algunos puntos. No obstante octubre es una meta a muy largo plazo -el proceso inflacionario promete ansiarlo aun más- por lo cual no es muy arriesgado vaticinar que ocurrirá con los valores de los combustibles una vez que caiga la vigencia de la Resolución 35. 

Sin embargo pocos días después de esa fecha se celebrarán las elecciones legislativas, razón por la cual no se puede obviar la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca a la ordenanza de Moreno. Claro que tampoco una variante, como podría ser una regulación de precios para disciplinar la actividad bajo las directivas que imponga el Gobierno.

Según apunta el matutino Página/12, afín al oficialismo, la 35 “es una señal”, que trata de justificar la intención política de regular la oferta y el precio de una variable básica, como el combustible, que aún no escapa a las reglas propias de un mercado cartelizado.

Bajo esta premisa, la normativa, lejos de ser un paliativo para equilibrar la demanda y que de esta manera YPF pueda responder a sus clientes luego de que un incendio destruyera gran parte de la refinería ubicada en La Plata, podría convertirse en un instrumento “imprescindible para determinar el precio de los combustibles líquidos, evitando de esta manera que se produzcan desajustes en los montos que deban abonar los consumidores”, tal como establece en sus consideraciones.