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La baja de aportes patronales por cuatro años busca sumar trabajadores al sistema formal, pero en el sector advierten que el efecto será mínimo por el alto nivel de cumplimiento y la caída de la actividad.
La entrada en vigencia del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, impulsado por el Decreto 315/2026, suma una nueva herramienta para reducir costos laborales en el sector privado. La propuesta apunta a incorporar personal no registrado con una fuerte baja en las contribuciones patronales durante 48 meses.
El beneficio incluye alícuotas de entre el 2 por ciento y el 3 por ciento y alcanza a nuevas relaciones laborales registradas hasta abril de 2027. También permite sumar trabajadores bajo este esquema hasta un 80 por ciento de la nómina. La fiscalización quedará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que podrá exigir diferencias e intereses ante cualquier incumplimiento.
En los papeles, la medida resulta atractiva. En la práctica, dentro del negocio de expendio de combustibles, el impacto aparece acotado.

El abogado laboralista y asesor de Estaciones de Servicio, Francisco Berdaguer, fue directo al analizar la iniciativa. “Para nuestro sector es neutro, porque los empleados de las estaciones generalmente están en blanco, no solo por práctica de la actividad, sino por los controles y restricciones de las petroleras”, explicó en diálogo con Surtidores.
Para el profesional, el nivel de formalización en el rubro ya es alto. Las auditorías permanentes de las compañías, sumadas a exigencias contractuales estrictas, dejan poco margen para relaciones laborales informales.
“Se trata de un procedimiento inocuo para los estacioneros. Es una buena medida, pero en la práctica no impacta de manera importante”, agregó.
Berdaguer reconoció que surtiría algún efecto en operadores más chicos. “Puede ser para las independientes que no tienen controles”, deslizó el especialista, marcando una diferencia dentro del propio mercado.
Más allá de ese punto, el régimen funciona como una vía para blanquear empleo con un costo reducido. Permite incorporar personal o regularizar vínculos existentes con menor carga impositiva. Sin embargo, eso no implica una mayor creación de puestos de trabajo.
“El empleo crece con la actividad económica, y hoy está limitada por factores externos y márgenes cada vez más ajustados”, sostuvo Berdaguer.
Ahí está uno de los límites más claros para los estacioneros. La caída en las ventas, el aumento de costos fijos y la incorporación de nuevas tecnologías condicionan cualquier decisión de sumar personal.
En ese marco, el alivio en contribuciones puede servir en casos puntuales. Por ejemplo, para formalizar una relación laboral o sumar un empleado en momentos específicos. Pero no cambia la ecuación general del negocio.
A esto se suma un punto sensible: el riesgo fiscal. El esquema prevé la pérdida automática del beneficio ante incumplimientos. En ese caso, el empleador deberá pagar las diferencias de aportes, con intereses y sanciones.

Este aspecto obliga a actuar con cautela. Cada decisión debe estar bien evaluada para evitar costos mayores a futuro.
Otro interrogante es qué pasará cuando termine el beneficio. A los cuatro años, las contribuciones vuelven a su nivel habitual. Ese salto puede impactar de lleno en la estructura de costos si no hay un crecimiento sostenido de la actividad.
Por eso, Berdaguer recomendó analizar cada caso en detalle. “No todas las estaciones están en la misma posición. Las diferencias entre operadores grandes y pequeños pueden marcar el camino a seguir”, concluyó.
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