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Nación, ENARGAS y Ciudad de Buenos Aires coincidieron en que el marco normativo y la inversión privada serán claves para el crecimiento.
Funcionarios del Gobierno Nacional, del ENARGAS y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires coincidieron en que el Gas Natural Comprimido es una pieza central de la transición energética. En el Primer Foro Nacional de GNC, organizado por Surtidores, expusieron los lineamientos regulatorios, económicos y de movilidad que buscan transformar al gas en un vector estratégico para el transporte, la logística y el desarrollo productivo.
Durante la jornada se dejó en claro que el debate sobre el rol del Gas Natural Comprimido en la Argentina ya no se limita a una cuestión tecnológica o sectorial. Se trata, cada vez más, de una discusión de política pública, con impacto directo en la competitividad económica, la balanza comercial, el empleo, la logística y los compromisos ambientales del país. Desde esa perspectiva, las exposiciones de María Fernanda Martínez, gerente de GNV del ENARGAS; Horacio Risso, director nacional de Eficiencia Energética de la Subsecretaría de Transición y Planificación Energética; y Matías Caldera, funcionario de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ofrecieron una mirada convergente sobre el presente y el futuro del GNC.
Desde el ente regulador, Martínez planteó que el gas debe comenzar a incorporarse de manera decidida en la matriz de demanda del transporte. No solo como un combustible alternativo, sino como un eje estructural de la transición energética. En ese sentido, recordó que la Argentina destina entre 20.000 y 25.000 millones de dólares anuales a la importación de gasoil utilizado en transporte pesado, buses y actividades productivas. Una sustitución progresiva por GNC permitiría reducir de manera significativa ese drenaje de divisas, con efectos positivos sobre la macroeconomía.

La funcionaria subrayó que el GNC es, en los hechos, un combustible de transición alineado con los compromisos del Acuerdo de París, pero también una herramienta concreta de competitividad. En términos de costos, explicó que el gas resulta alrededor de un 50 por ciento más económico que los combustibles líquidos, con potencial de ser aún más conveniente si se escala su utilización de manera masiva. Esa diferencia, trasladada al transporte de cargas y pasajeros, tiene un impacto directo sobre los precios finales, los costos logísticos y la necesidad de subsidios.
Martínez aportó datos que ilustran el problema estructural de la logística en la Argentina. Mientras en los países desarrollados el costo logístico representa entre el 8 y el 10 por ciento del valor de una mercancía, en América Latina y particularmente en la Argentina ese porcentaje oscila entre el 18 y el 25. Reducir el costo del combustible, explicó, es una de las formas más directas de atacar esa brecha y mejorar la competitividad exportadora de un país extenso, con grandes distancias y una fuerte dependencia del transporte terrestre.
En el caso del transporte público, el impacto también es decisivo. El combustible representa entre el 25 y el 30 por ciento de los costos operativos de los buses urbanos y supera el 40 por ciento en los servicios de larga distancia. La adopción del GNC permitiría avanzar hacia tarifas más razonables y sistemas más sostenibles, sin recurrir de manera permanente a esquemas de subsidios.
A estos argumentos económicos se suma, según Martínez, una ventaja estructural: la Argentina ya cuenta con una red de estaciones de carga, infraestructura gasífera amortizada y una industria local con alto nivel de desarrollo tecnológico. Muchas de las empresas vinculadas al GNC son exportadoras netas, lo que refuerza la balanza comercial y genera empleo calificado. Solo el mercado de conversiones vehiculares, incluso en un escenario conservador, moviliza entre 160 y 170 millones de dólares anuales en servicios, talleres y equipamiento.
Desde la Subsecretaría de Transición y Planificación Energética, Horacio Risso enmarcó el debate del GNC dentro de una visión más amplia de eficiencia energética. Su área trabaja sobre cinco sectores clave para reducir la demanda de energía y bajar costos de producción, con foco en actividades estratégicas como el oil & gas, el agro y la minería. En todos ellos, el transporte aparece como un eslabón crítico.
Risso destacó que cerca del 90 por ciento de la logística en la Argentina se realiza por vía terrestre y camiones, lo que convierte al transporte en un objetivo central de cualquier política de eficiencia. En ese marco, sostuvo que la transición energética del país no puede pensarse al margen de su realidad estructural: la matriz energética argentina es gasífera. Lejos de contraponer posiciones con otros enfoques ambientales, propuso entender al gas como el puente natural hacia una electrificación futura, compatible con los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Uno de los desafíos señalados por el funcionario es la falta de financiamiento para sostener políticas de largo plazo. Para enfrentar esa limitación, la Subsecretaría avanzó en la articulación con otros organismos y con el Banco Nación, con el objetivo de financiar la modernización de flotas, la adquisición de camiones con motores dedicados a GNC y el desarrollo de infraestructura de carga. El enfoque, explicó, es integral: eficiencia energética en transporte, sector residencial e industria, con instrumentos financieros que acompañen la transición.
Risso también remarcó la necesidad de coordinar acciones con el ENARGAS, la Secretaría de Transporte, el área ambiental y el sector privado. La desregulación de normativas obsoletas, la simplificación de trámites y la eliminación de barreras administrativas aparecen como condiciones indispensables para acelerar la conversión de vehículos, la instalación de estaciones y el despliegue de corredores logísticos a GNC. En paralelo, señaló que el transporte público y la logística de última milla en centros urbanos son ámbitos donde conviven distintas tecnologías, con el GNC como protagonista en el corto y mediano plazo.
La mirada desde la Ciudad de Buenos Aires, expuesta por Matías Caldera, aportó un ejemplo concreto de políticas públicas en ejecución. El funcionario recordó que la ciudad cuenta con una visión de movilidad sustentable de largo plazo, que se remonta al Plan de Movilidad de 2009 y al Plan de Movilidad Limpia de 2017. En ese marco, el GNC aparece como una tecnología clave junto con la electrificación.

La transferencia de las líneas de colectivos de jurisdicción local a la Ciudad permitió avanzar en regulaciones específicas. En 2024 se aprobaron resoluciones que reconocen en la estructura de costos a las unidades que utilizan GNC o tecnología eléctrica, otorgando mayores compensaciones por pasajero transportado. Más aún, se estableció que a partir del 1 de enero de 2027 toda nueva unidad cero kilómetro que se incorpore a las líneas de la ciudad deberá ser a GNC o eléctrica.
Caldera precisó que la flota de colectivos de la Ciudad ronda las 1.600 unidades y que el objetivo es que, en los próximos dos años, al menos un tercio opere con nuevas tecnologías. En ese contexto, anunció la creación de una mesa del gas, destinada a articular a todos los actores del sector y potenciar el desarrollo del GNC desde el rol específico de la administración porteña.
El cierre del panel volvió a poner el foco en el rol regulatorio del Estado. Martínez detalló el proceso de actualización normativa que impulsa el ENARGAS para adecuar el marco regulatorio a los nuevos tiempos del sector. Con un mercado de gas cada vez más consolidado, niveles de producción récord y precios competitivos, el desafío es facilitar inversiones sin resignar seguridad. Hoy existen más de 200 estaciones habilitadas para carga de transporte pesado y hay expedientes en curso que podrían llevar ese número a 500 en el corto plazo, configurando corredores de GNC inéditos en la región.
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