Recomendaciones para gestionar estaciones cerradas o abandonadas ante nuevas normativas de seguridad

El debate por la responsabilidad de los propietarios de Estaciones de Servicio cuyos negocios  dejaron de funcionar y las instalaciones aún se mantienen en pie, se reabrió luego de que las autoridades de la ciudad de Mar del Plata consensuaran una nueva reglamentación que podría luego ser imitada por otras localidades.

La normativa demanda cerramientos con alambre tejido romboidal, descartando materiales opacos como chapa o madera, con el fin de permitir visibilidad hacia el interior y disuadir actividades ilícitas.

En el caso de las Estaciones de Servicio cerradas o abandonadas, los peligros no solo son de seguridad, sino también ambientales. Según la Federación de Entidades de Combustibles, las estaciones inactivas representan un importante pasivo ambiental, dado que su infraestructura puede provocar filtraciones en napas y suelos, derivadas de pérdidas en tanques subterráneos o cañerías, como también, generación de residuos sólidos que requieren tratamientos específicos.

En ese contexto Carlos Cozzolino y Marcelo Pontalti, asesores en seguridad e higiene de la FEC, señalaron a surtidores.com.ar que estos establecimientos son potencialmente contaminantes, tanto en funcionamiento como en estado de abandono, y deben cumplir con estrictos procesos de cierre para evitar daños.

Recordaron que la regulación de Estaciones de Servicio abandonadas está contemplada tanto a nivel nacional como provincial, es decir, por la Ley General del Ambiente, que establece el principio de responsabilidad ambiental, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, las leyes 11.720 y 14.343/12, junto con sus decretos reglamentarios, definen las condiciones para el cierre definitivo y la remediación de sitios, pero que de acuerdo a los conocimientos de los especialistas son similares a las demás jurisdicciones de la Argentina.

Los entrevistados detallaron en este marco, los pasos recomendados para el cierre responsable y pusieron como principal premisa la auditoría del sitio realizado por un profesional registrado, para evaluar el nivel de contaminación y definir las acciones necesarias.

En segundo lugar se refirieron a la remediación y saneamiento con el objeto de reducir concentraciones de contaminantes para alcanzar niveles de riesgo aceptables y la necesidad de restaurar las condiciones sanitarias del sitio, eliminando peligros para la población y el ambiente.

Por otra parte agregaron que es responsabilidad del estacionero establecer medidas que protejan a los vecinos y prevengan daños futuros o recuperar las características originales del terreno para habilitar su posible reutilización.

Finalmente, los especialistas expresaron que cada vez que se conoce una nueva regla sobre estos temas, surge la oportunidad de fortalecer las normativas existentes y avanzar en proyectos que permitan reutilizar estas propiedades, promoviendo la seguridad, el cuidado ambiental y el desarrollo económico en las comunidades afectadas.

“La prevención y la responsabilidad, es un llamado para que los propietarios actúen con celeridad y eviten sanciones, además de contribuir a la construcción de entornos más seguros y sostenibles”, expresaron Cozzolino y Pontalti.