El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei luego de asumir el pasado diciembre derogó el DNU 1060/2000, dejando sin efecto la normativa que regulaba los contratos entre petroleras y Estaciones de Servicio.

El mismo, fijaba plazos máximos de duración de ocho años para nuevas Estaciones de Servicio y cinco años para contratos de renovación o prórroga con estaciones existentes.

Además, limitaba el market share de cada compañía a un 40 por ciento del total de estaciones propias y ofrecía una opción contractual irrevocable de compra de equipamiento al finalizar el contrato.

Dudas sobre la continuidad del decreto que elimina restricciones en contratos de abastecimiento entre petroleras y Estaciones de Servicio

Diputados de la oposición aseguran que el DNU 70/2023 será rechazado por ambas Cámaras del Congreso de la Nación antes de mediados de abril de este año.

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“Esta es una ley que está vigente ahora mismo y que no se está debatiendo; sin embargo, está sujeta a que la Cámara de Diputados responda en contra de su continuidad”, enfatiza el Doctor en Derecho Víctor Ibañez.

Durante su participación en el seminario organizado por la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), explicó que de rechazarse este DNU, todos los contratos quedarán ajustados a la última ley vigente al momento de la firma del documento, tal como lo garantizan las bases del derecho.

“De no ser así, existiría una inseguridad jurídica insostenible y se darían de baja todos los contratos”, añadió.

Ibáñez destacó que ni en el DNU ni en la Ley Ómnibus se menciona nada con respecto a prácticas monopólicas que puedan amenazar a las PyMES, aunque sostuvo que el objetivo del actual gobierno es que sean la oferta y la demanda las que equilibren el mercado.

En este sentido, marcó que para los estacioneros existen las vías constitucionales para manifestar que sus intereses sean tenidos en cuenta a la hora de definir los textos, ya sea el apoyo de diputados que rechacen el DNU si es que este no cumple con las expectativas, o las instancias de diálogo con las cámaras en el proceso de elaboración de la nueva Ley Ómnibus.

Al respecto, Isabelino Rodriguez, presidente de CECHA, mencionó que desde la entidad se está defendiendo los intereses de los estacioneros del país y detalló: “Apoyamos la liberación de los mercados y buscamos generar valor a través de encuentros como este para desarrollar ideas, acercarlas a las autoridades y desde la proposición podremos avanzar en un camino favorable para el sector”.

Ibáñez repasó las condiciones legales en las que se dictaron las normas por el nuevo Gobierno, a modo de entender cuáles son las nuevas perspectivas en políticas de hidrocarburos.

Explicó que tanto en el DNU de diciembre como en la nueva gran ley se producen “fuertes modificaciones en las bases”, por lo que, mientras que el “paradigma” anterior estaba basado en priorizar el autoabastecimiento y la conservación de las reservas, el actual pretende maximizar las rentas de explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.

“Este proyecto pone fin definitivamente a que el mercado interno esté por encima del internacional y libera la actividad”, subrayó el abogado y destacó las nuevas incorporaciones como la libertad de exportaciones e importaciones, así como la eliminación de la exclusividad del transporte de combustible a las petroleras.

Cambios en los contratos entre petroleras y Estaciones de Servicio tras la sanción del DNU

La medida cancela el Decreto 1060/2000, el cual estableció pautas para los acuerdos de abastecimiento exclusivo de combustibles. El mismo, fijaba plazos máximos de duración de ocho años para nuevas estaciones y cinco años para contratos de renovación o prórroga con las existentes.

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Como conclusión de lo abordado, se recordó que el objetivo principal de este nuevo gobierno está definido en los documentos y es “desregular la economía, basada en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

Asimismo, para cumplirlo, determina el camino de la desregulación del comercio, los servicios y la industria, quedando sin efecto todas las restricciones de la oferta de bienes y servicios así como toda exigencia normativa que distorsione los precios del mercado, impida la libre iniciativa privada, o evite la interacción espontánea entre la oferta y la demanda.