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Miércoles, 25 de junio 2025
Posibles cambios en la cadena de distribución
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Con el foco puesto en la carga impositiva que encarece el precio final de los combustibles, el Gobierno uruguayo analiza posibles ajustes a partir de un nuevo grupo intersectorial.
La estructura de precios de los combustibles en Uruguay vuelve a estar bajo revisión. Con la creación de un grupo intersectorial liderado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Poder Ejecutivo buscará evaluar la posibilidad de ajustes, en un escenario donde el peso de los impuestos vuelve a estar en el centro del debate.
Hoy, el precio del litro de nafta Súper 95 se ve fuertemente impactado por dos gravámenes principales: el IMESI (Impuesto Específico Interno), que representa un 28,13 por ciento del precio final, y el impuesto al CO₂, que suma un adicional importante. En conjunto, ambos tributos implican aproximadamente $35,68 por litro, es decir, el 45 por ciento del precio al público.
Esta alta carga impositiva convierte al combustible en una fuente inagotable de recaudación para el Estado, aunque también en un factor que limita la competitividad regional. De hecho, si Uruguay replicara el esquema tributario de otros países del Mercosur —donde el promedio de impuestos ronda los 20 pesos por litro—, el precio de la Súper 95 debería ubicarse en torno a los 60 pesos uruguayos.
Un ejemplo concreto de los efectos del IMESI puede observarse en las zonas de frontera. El Gobierno ya aplicó rebajas de hasta un 40 por ciento en departamentos como Salto, Paysandú y Río Negro, limítrofes con Argentina. En las fronteras con Brasil, una reducción del 8 por ciento del impuesto significó, según el viceministro de Economía Martín Valcorba, una pérdida fiscal de tres millones de dólares mensuales. No obstante, estas bonificaciones se sostienen para evitar la fuga de consumo y el cierre de estaciones locales.
A este complejo esquema impositivo se suma desde hace quince días el llamado Factor E, un nuevo componente de $1,50 por litro, cuya recaudación proyectada ronda los 80 millones de dólares anuales. Este cargo adicional incrementa aún más la presión sobre el precio final.
Frente a esta realidad, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, anunció la conformación de un espacio de análisis conjunto que incluirá a empresarios, gremios, sindicatos y representantes del Gobierno. El objetivo: evaluar posibles cambios en la cadena de distribución de los combustibles, aunque sin expectativas de que estos impliquen una baja directa en el surtidor.
“Los márgenes del sector de distribución secundaria están al límite. Las Estaciones de Servicio ya no tienen margen para absorber ningún tipo de rebaja”, advierten desde el sector. La única vía realista para una reducción sostenida en los precios, coinciden varios actores, es la revisión de los impuestos.
En diálogo con Surtidores, la expresidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, Silvana Romero, fue tajante: “La mayor afectación del precio está en los impuestos, y prácticamente es el único valor que podemos controlar desde nuestro país. Los precios del petróleo, el transporte y otros componentes son exógenos. Hoy por hoy, no veo otra salida: es imperioso aflojar la carga impositiva”.
El planteo no es menor si se considera que los precios de los combustibles impactan directamente sobre el costo de vida, la competitividad empresarial y la equidad territorial. Las bonificaciones aplicadas en la frontera no sólo revelan la dimensión del problema, sino que también anticipan el camino posible.
De cara a los próximos meses, el desafío del Ejecutivo será encontrar un equilibrio entre mantener el nivel de recaudación y aliviar el peso fiscal sobre los consumidores. En otras palabras, responder una pregunta que cada vez se escucha con más fuerza: ¿es sostenible que el combustible siga siendo una de las fuentes principales de ingresos del Estado, aún a costa del bolsillo de la gente y la competitividad del país?
Si Uruguay busca alinearse con sus socios regionales, la única alternativa estructural parece ser una: reducir el IMESI y el CO₂. Solo así, y no con ajustes superficiales en la distribución, el precio de la nafta podría acercarse a los 60 pesos por litro.
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