Proponen crear una Comisión Bicameral que garantice el abastecimiento de combustibles

Una iniciativa parlamentaria que lleva la firma de los diputados Miguel Ángel Giubergia, Enrique Vaquié, Juan Tunessi y Mario Fiad, entre otros, propone la creación de una Comisión bicameral de resolución de la crisis energética que tendrá por objeto ejercer la coordinación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo a los efectos de resolver la crisis energética y garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y gaseosos en todo el territorio nacional.

Según sus impulsores, en materia energética la realidad Argentina responde a una profundización de la crisis que terminó por desalentar abiertamente la inversión en el sector energético. Durante los últimos nueve años se han congelado las tarifas de electricidad y gas, mientras que los precios de los combustibles líquidos fueron vigilados y sometidos a las presiones tan características de este modelo de gestión.

Señalan que la exportación de petróleo crudo debió pagar un derecho móvil que mantuvo el precio interno en un valor fijo, por debajo del precio internacional. Mientras el país tuvo saldos exportables esta política aportó recursos al fisco, pero los precios en boca de pozo quedaron rezagados, lo que desalentó la exploración y la producción. Lo mismo, pero con mayor gravedad, ocurrió con el gas.

Añaden que durante el año 2012 la importación creciente se elevó a 10 mil millones de dólares en energía y en el primer bimestre de este año ya ha crecido un 52 por ciento más. El costo que tiene la crisis energética en términos macroeconómicos: no sólo absorbió el superávit de la balanza comercial, sino que continúa consumiendo gran parte de las divisas que entran al país, perjudicando la situación fiscal, porque el gas importado de Bolivia es mucho más caro que el producido localmente. “Sufrimos un importante desabastecimiento de combustibles líquidos y gaseosos que afecta en mayor o menor medida a todo el territorio de la República Argentina”, puntualizan.

Asimismo, sostienen que la expropiación de YPF que estaba en manos del grupo español Repsol, no mostró los resultados prometedores que se habían proyectado. Pero la preocupación principal radica ahora en los devastadores efectos del incendio que afectó la refinería de Ensenada y que en un plazo no menor a dos meses reanudará su funcionamiento al 80 por ciento de su capacidad. La gravedad del accidente se debe a que la planta de Ensenada es la tercera más grande del país y llega a representar el 35 por ciento de los combustibles que se consumen internamente. Por esta situación se deberá importar un 50 por ciento más de combustibles, que podría implicar unos 1200 millones de dólares más, si se tiene en cuenta que el año pasado la petrolera compró en el exterior combustibles por $800 millones.

Como consecuencia de ello todos los sectores sociales y económicos ven afectado su derecho a disponer de tales bienes energéticos. “No debemos olvidar que el acceso a la energía es discriminatorio. Por eso que es fundamental la  acción del Estado para establecer el equilibrio, usando como herramienta la planificación. El acceso a la energía debe permitir romper el círculo vicioso de la pobreza”, remarcan.

“El denominador común de esta situación es una deficiente gestión de la Secretaría de Energía y la ausencia total de una política energética consistente”, denuncian. “Por eso creemos que la intervención del Congreso en cuanto representante de los intereses de las provincias y del pueblo de la Nación es imprescindible para ayudar y controlar al Poder Ejecutivo en el manejo y resolución de esta crisis y en la búsqueda de medidas tendientes a acabar con el desabastecimiento de combustibles”, reclamaron estos legisladores, que ya en el año 2011 habían tomado esta misma iniciativa parlamentaria que se expresó a través del Expte. 4769- D – 2011, que perdió estado parlamentario.