Nuevamente cobró importancia en el ámbito legislativo la preocupación por la inseguridad y especialmente sobre un modus operandi del cual las Estaciones de Servicio se transformaron en blanco predilecto de los delincuentes.

En este contexto, un grupo de diputados y diputadas de diferentes bloques políticos, unieron sus voluntades y elevaron un Proyecto de Ley para “endurecer las penas contra aquellos que cometan ilícitos utilizando motovehículos para tal fin”. Se trata de los diputados Álvaro Martínez, Mercedes Llano, Lourdes Arrieta, José Luis Espert, Paula Omodeo y Rocío Bonacci.

Estiman que recrudeció la ola de motochorros en Estaciones de Servicio y preocupa que siga en alza

Según lo informado a surtidores.com.ar por los firmantes del proyecto, se plantea una serie de modificaciones, entre las que destaca la enmienda del Artículo 76 bis del Código Penal, cuyo detalle más relevante, propone agregar disposiciones relacionadas con el uso de motos en la comisión de delitos. En este sentido, el texto propuesto busca incluir un inciso en el Artículo 77 para ampliar la definición de “vehículo con motor” y especificar su alcance en el contexto del Código Penal.

Otra adición significativa es el inciso 7 propuesto para el Artículo 163, que establece penas de prisión de uno a seis años para los delitos cometidos mediante el uso de un vehículo con motor con el fin de preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito.

Por último, los legisladores buscarán agregar un inciso 3 al Artículo 166, que prevé reclusión o prisión de cinco a quince años para los delitos cometidos utilizando un vehículo con motor con los mismos fines mencionados anteriormente.

Expertos en Seguridad exigen aumentar las penas para resguardar al sector expendedor contra los motochorros

Los parlamentarios valoraron la importancia de esta propuesta para combatir los delitos en las Estaciones de Servicio, especialmente aquellos perpetrados por motochorros, que representan una angustia creciente en muchas expendedoras. “Apuntamos a que estas modificaciones contribuyan a fortalecer el marco legal y a proteger mejor a los ciudadanos y comerciantes afectados por este tipo de crímenes”, señalaron los autores.

De esta manera, los firmantes de la iniciativa reconocieron que las normativas en vigencia ponen en riesgo a los individuos y a los estacioneros quienes en numerosas localidades están obligados a  controlar a los motociclistas para cargar combustible.