Con el objetivo de fomentar un modelo energético más sustentable y potenciar la economía regional, el legislador tucumano José Seleme presentó un ambicioso proyecto de ley para crear el Programa de Bioetanol Tucumán (PROBIOTUC). La iniciativa busca transformar la composición de las naftas que se venden en la provincia a través de un aumento progresivo del corte con bioetanol de caña de azúcar, lo que convertiría a Tucumán en una referencia nacional en materia de biocombustibles. A partir del 1° de enero de 2027, el corte obligatorio sería del 17 por ciento (E17), con una meta del 25 por ciento (E25) para el año 2030.

Este avance significaría un salto cualitativo respecto a la legislación nacional vigente, que establece un mínimo de 12 por ciento de bioetanol en las naftas. Aunque existe una propuesta en el Congreso para elevar ese piso al 15 por ciento a partir de 2027, Tucumán se adelanta con una meta más ambiciosa, aprovechando su liderazgo histórico en la producción de caña de azúcar y su capacidad instalada para generar más de 200 millones de litros anuales de bioetanol.

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El PROBIOTUC se plantea como una política pública estratégica, articulada entre el Ministerio de Economía y Producción provincial y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Además del aumento en el corte obligatorio, el proyecto contempla una serie de beneficios fiscales, laborales y financieros para Estaciones de Servicio y PyMES que decidan invertir en infraestructura y logística para proveer combustible E17 o superior.

Entre los beneficios previstos se destacan la exención total del impuesto automotor para vehículos dedicados a la provisión de este tipo de combustible, descuentos en el impuesto inmobiliario y sobre los ingresos brutos, y una reducción del 50 por ciento en el impuesto de sellos para contratos vinculados a inversiones en infraestructura compatible. En el plano laboral, el proyecto estipula un plus salarial del 20 por ciento financiado por el Estado para los trabajadores que operen las islas de carga de E17, así como exenciones en el impuesto para la salud pública para dichos empleados.

Además, se establece una línea de crédito específica a través de la Caja Popular de Ahorro, con tasas preferenciales —la mitad del valor de mercado—, plazos de hasta diez años y montos de hasta 100.000 dólares por proyecto. También se prevén subsidios del 30 por ciento para la compra de surtidores compatibles con E100 y sistemas de recuperación de vapores.

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Otro eje del proyecto es el impulso a la producción de bioetanol de segunda generación (2G), elaborado a partir del bagazo de caña y residuos agrícolas de cosecha. Esta línea permitiría aprovechar la biomasa excedente que, según estudios de la EEAOC, podría alimentar un circuito adicional de producción energética sin comprometer la materia prima destinada a la alimentación u otros usos.

De manera paralela, se propone que las flotas vehiculares del Estado provincial, municipal y las empresas concesionarias de servicios públicos migren progresivamente a unidades compatibles con combustibles E17 o superiores. El cronograma estipulado contempla alcanzar el 30 por ciento de la flota para 2026, el 70 por ciento para 2027 y la totalidad para 2030, con la excepción de vehículos de emergencia o para los que no exista tecnología disponible.

“Tucumán tiene la oportunidad histórica de liderar la bioenergía en Argentina, combinando su tradición cañera con innovación sustentable”, afirmó Seleme en los fundamentos del proyecto, que también lleva la firma del legislador Agustín Romano Norri. Según explicó, el PROBIOTUC no solo permitirá reducir en unas 150.000 toneladas anuales las emisiones de dióxido de carbono equivalente, sino que también generará más de 1.000 empleos directos e indirectos en la cadena de valor del bioetanol.

El financiamiento de este ambicioso programa provendría de varias fuentes: rentas generales del tesoro provincial, créditos presupuestarios quinquenales, aportes de las destilerías de bioetanol de caña radicadas en Tucumán —equivalentes al 0,5 por ciento de su facturación anual— y préstamos internacionales con cláusulas verdes, provenientes de organismos como el BID o la CAF.

La iniciativa se encuentra actualmente en estudio dentro de la Comisión de Economía y Producción de la Legislatura y cuenta con un fuerte respaldo del sector bioenergético, que ve en ella una oportunidad para consolidar un nuevo paradigma energético y económico en el norte argentino.

El antecedente más cercano a nivel nacional es el de la provincia de Córdoba, que en diciembre pasado se convirtió en la primera en permitir la venta exclusiva de combustibles con biodiesel y bioetanol. Según datos oficiales, esa experiencia piloto logró una reducción de más de 1,8 millones de kilogramos de dióxido de carbono equivalente en pocos meses.