Preocupa la rentabilidad de las estaciones de servicio

El Decreto 1277 creó las condiciones legales para regular el mercado de los hidrocarburos. En sus primeras utilizaciones, el Gobierno intervino en pos de mejorar la producción, como a través de la Resolución 1445/12 que incrementó el precio del gas en boca de pozo para obligar a las petroleras a destinar el excedente en inversiones, sin contemplar los problemas de rentabilidad que sufren las estaciones de servicio, forzando a los empresarios Pymes a hacerse cargo de los aumentos de costos.

En coincidencia con esta lógica, este año la misma YPF no renovaría el contrato de 13 estaciones de servicio, situación que en la mayoría de los casos termina obligando a los operadores a retirarse del negocio. Así informaron y advirtieron desde la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA).

Los dirigentes aclaran que el Gobierno conoce de cerca esta realidad, teniendo en cuenta que hasta las estadísticas de la Secretaría de Energía muestran como disminuyó la cantidad de locales a partir del año 2004 en adelante. Además, las entidades gremiales empresarias plantearon ante el Ministerio de Planificación la necesidad de garantizar la renovación de los contratos sin encontrar demasiadas respuestas, más allá de las promesas de los funcionarios.

Días atrás, ejecutivos de YPF aclararon a las Cámaras que mantendrán la red de estaciones que administra la subsidiaria Opessa S.A. El reclamo de que abandone el negocio minorista para garantizar la libre competencia entre operadores independientes quedó descartado incluso antes del anuncio oficial del Plan de los 100 días. El Gobierno tampoco estaría dispuesto a discutir el proyecto de comercialización de los combustibles que prohíbe la integración vertical de la actividad.

Como si fuera poco, tras la implementación del Decreto 1277, Cristina Fernández de Kirchner adelantó que “se van a fijar precios igualitarios” en los combustibles “para evitar que YPF abastezca a precios inferiores al resto del mercado“, sin hacer mención a la bonificación que reciben los operadores, anclada en el 8 por ciento. Así mostró la intención de derivar la demanda de naftas hacia el resto de las marcas.

La decisión presidencial ya puso el alerta a los operadores de la petrolera estatal que por lo general podían mantenerse en funcionamiento compensando los bajos márgenes de comercialización despachando grandes cantidades de volumen. Hoy la situación comenzó a cambiar y la preocupación va ganando espacio en el ánimo de los empresarios, que a pesar de que le dan crédito a la nueva gestión, no ocultan su fastidio por esta nueva realidad.