Preocupa a los expendedores la presión de la AFIP por el impuesto al cheque

Para la Administración Federal de Ingresos Públicos, una boca de expendio de combustibles debe pagar 12.000 pesos por cada millón que factura. Se basa en el artículo primero de la Ley N° 25.413 y sus modificatorias, que establecen que la alícuota será del seis por mil sobre todos los movimientos de fondos, propios o de terceros aun en efectivo, que realice cualquier sujeto incluido y comprendido en la Ley de Entidades Financieras.

La actividad de los expendedores está incluida en estos conceptos, ya que estos generalmente cancelan sus obligaciones a través de depósitos en las cuentas de sus proveedores. Si bien pueden hacerlo evitando la utilización de su cuenta bancaria (efectivo, cheque de terceros), una Resolución posterior, la 1135/2001, introdujo el concepto de “sistema organizado de pagos” como característica que precisa los alcances del hecho imponible. Al respecto, el organismo entiende que cuando la norma legal se refiere a que se encontrará gravado todo movimiento o entrega de fondos, debe traducirse que los pagos en efectivo y los depósitos en efectivo en cuentas bancarias también son operaciones alcanzadas por el impuesto a las transacciones financieras. Así al menos lo establece el Dictamen DAT N° 15/2001 para el caso en que existiera un sistema organizado de pagos por parte del contribuyente y que, con ello, reemplace el uso de sus cuentas bancarias.

Anteriormente, las petroleras asumían gran parte de este costo y lo transferían directamente al fisco. Sin embargo, con el correr del tiempo dejaron de hacerlo y desligaron en el estacionero la responsabilidad del pago. Frente a esta nueva situación, el ente recaudador presiona a los operadores y les exige que empiecen a tributarlo. Asimismo, en caso de incumplimiento o evasión puede aplicar serias multas.

El experto en materia tributaria, Dr. Jorge Christiani explica que “la ley no precisa que los depósitos en cuenta corriente estén alcanzados por el gravamen”. Si bien la medida ulterior de la AFIP intentó explicitar estas operaciones, considera que la normativa es amplia y poco clara, y que además viola el principio de legalidad, que establece que todo impuesto debe estar creado por el órgano natural de crear leyes: el Congreso. Este el fundamento que desde el sector utilizan frente a las intimaciones judiciales.

Para las estaciones de servicio el nuevo costo perjudica en gran medida la rentabilidad. Estos comercios facturan mucho dinero pero disponen un margen de utilidad muy bajo – de apenas el 8 por ciento – con el que deben responder a todos los gastos fijos y variables de la actividad. Para las bocas que venden 1.000.000 de pesos – 200.000 litros a $ 5 promedio – la cifra alcanza los 12.000, absorbiendo hasta el 17 por ciento de la  ganancia del empresario.

Para controlar el pago, la AFIP debe realizar una inspección abierta en el local porque no puede fiscalizarlo a través del sistema de información cruzada, como ocurre con otros tributos. Aunque esta situación podría crear condiciones para la evasión, Christiani advirtió que las sanciones que establece la normativa si bien son duras, son igualmente discutibles como el impuesto mismo.