Preocupa a las estaciones de servicio de Córdoba el aumento de las cargas sobre los combustibles

A través de una Resolución publicada el 20 de diciembre que modifica la Ley 10.177 (Modificaciones al Código Tributario y a otras leyes de índole tributaria), el Gobierno de Córdoba actualizó los valores de la tasa vial, de 20 a 25 centavos el litro de diésel grado 2, la nafta súper de 30 a 40 centavos y los productos Premium aumentan de 40 a 54 centavos el litro. Asimismo, el GNC subió de 15 a 20 centavos el metro cúbico. Esta medida entró en vigencia el primero de enero.

Pablo Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro (FECAC) se mostró preocupado por la tendencia de los funcionarios a buscar recursos aplicando tributos a los combustibles. Desde que se implementó la tasa vial en la Provincia de Córdoba, las estaciones registraron una caída del 10 por ciento de las ventas de gasoil por la diferencia de costos que se desató con las provincias vecinas. “Los camiones y transportes de larga distancia siguen de largo. No cargan en Córdoba”, sostiene el dirigente.

La medida no sólo representa una caída de los ingresos para las bocas de expendio, por la  disposición de la normativa, sino que los operadores están obligados a actuar como agentes de retención, por lo que deben recaudar el dinero, con todos los riesgos que ello implica, para luego depositarlo en una cuenta específica del Banco de la Provincia de Córdoba.

Los titulares de las estaciones de servicio denuncian que por este motivo se incrementaron los gastos operativos, ya que deben contratar a empresas de transporte de caudales para evitar el robo de dicha recaudación siendo los mismos responsables solidarios de este dinero. Otro de los costos que se ven incrementados son los movimientos realizados con tarjetas de créditos, cuentas corrientes y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

En la Justicia provincial se están sustanciando alrededor de media docena de causas en las que diferentes representantes de estaciones de servicio cuestionan la constitucionalidad de la Ley provincial Nº 10081, que establece una alícuota diferencial que grava el consumo de combustibles en Córdoba.