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Tras la decisión del gobierno nacional de liberar el valor de las garrafas pero “sugerir” un estimado, especialistas analizaron si el modelo es válido para las Estaciones de Servicio.
El gobierno nacional comunicó la eliminación de los precios máximos para las garrafas del Programa Hogar, herramienta que fue creada en 2015 con el objetivo de garantizar el acceso a sectores de bajos recursos y para aquellas viviendas y localidades sin acceso a la red de gas natural.
La medida, impulsada por la Secretaría de Energía apunta a desregular el mercado del Gas Licuado de Petróleo en línea con la política que promueve el gobierno de Javier Milei. La reciente resolución 216 publicada en el Boletín Oficial elimina los valores máximos y establece en su lugar un “precio de referencia“.

En este contexto, el ingeniero Jorge Lapeña, exsecretario de Energía, compartió su perspectiva respecto a la decisión de establecer “importes sugeridos” esbozando que “los precios de los productos energéticos en la Argentina no responden a valores transados en mercados competitivos”.
Este comentario del presidente del Instituto General Mosconi, refleja la mirada referente a que existe un ámbito concentrado en pocas empresas productoras y refinadoras, mientras que las Estaciones de Servicio, en contraste, representan una multitud de pequeños actores dispersos por todo el país.
Con este marco, el precio de referencia, en teoría, según Lapeña, debería servir como una guía para las transacciones, actuando como un indicador de los costos de producción. Sin embargo, la cuestión que plantea el especialista resulta fundamental: ¿quién define ese precio y con qué propósito?
El exfuncionario, aseguró que si el importe es fijado por el Estado, podría interpretarse como un intento de orientar el mercado hacia un “valor razonable“. Pero si proviene de un acuerdo entre los propios actores, esto podría llevar a una situación que no refleja una verdadera competencia.
“Es raro que alguien que se define como un negacionista de la conveniencia del Estado sea quien fije una meta de precio“, subrayó el exsecretario de Energía en diálogo con surtidores.com.ar. Por ello, añadió una capa adicional de complejidad a la discusión sobre la legitimidad y la función de estos montos en una plaza que, por naturaleza, debería ser libre y competitiva.
La realidad, sin embargo, muestra que el comercio minorista de combustibles líquidos en Argentina es vasto y diverso, con diferencias regionales y una gran cantidad de actores que compiten por captar la demanda de los consumidores.

Advirtió por lo tanto el entrevistado que en este entorno, la existencia de un precio de referencia podría tanto ayudar a estabilizar el mercado como también por el contrario, convertirse en una herramienta de control que beneficie a ciertos grupos por sobre otros.
Expresó finalmente que los estacioneros, quienes están en la primera línea de esta discusión deben lidiar con las implicancias de esta medida mientras intentan mantener la sustentabilidad de sus negocios en un contexto de creciente presión.
“La verdadera cuestión que queda por resolver es si este nuevo esquema de precios de referencia servirá para generar una competencia más justa o si, por el contrario, consolidará el poder de quienes ya controlan una parte significativa del mercado”, concluyó Lapeña.
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