Polémica sobre el control de la nueva petrolera estatal

El próximo miércoles la Cámara de Senadores decidirá si aprueba la expropiación de las acciones del grupo Repsol en YPF. El proyecto tiene el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas – UCR , FPV Y FAP – y es casi un hecho que recibirá media sanción. La discusión se dará en cuestiones puntuales en que la oposición manifestó algunos reparos, como la forma en que se fiscalizará al Gobierno.  

Desde la Unión Cívica Radical alertaron que el texto original excluye a la Auditoría General de la Nación como ente responsable del seguimiento de la administración de YPF. La voluntad expresa del Ejecutivo es excluir a la nueva Sociedad Anónima de las normas que regulan la administración, gestión y control de las empresas en las que el Estado Nacional tenga participación.

El artículo 8 de la Ley 24.156 de Administración Financiera extiende expresamente las competencias y atribuciones de la AGN en materia de control a todo el Sector Público Nacional y en particular las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o cualquier otro tipo de sociedad en la que el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Ya sea por la participación mayoritaria del Estado nacional o por su participación en las decisiones societarias, la AGN tiene competencia para auditar.

Sin embargo, el texto oficial expresa que “para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley Nº 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación”.

La propuesta del radicalismo es reformular el artículo 15 de la siguiente manera: “para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley Nº 19.550 y normas concordantes. Para garantizar la transparencia de los procedimientos de manera de facilitar el análisis, la evaluación y el control de la correcta instrumentación de la presente ley deberá requerirse a tal efecto la intervención de la Auditoría General de la Nación y solicitarse informes a cualquier otro organismo dependiente del Estado nacional”

La AGN  ha realizado múltiples informes sobre el desempeño de la Secretaría de Energía y en todos los casos ha emitido opiniones sumamente críticas con respecto a la tarea realizada en aspectos clave como la liquidación y el pago de regalías petroleras, falta de sistemas de información y el creciente agotamiento de recursos petroleros y gasíferos.