La Federación de Entidades de Combustibles encabezada por su Presidente Juan Carlos Basilico, redactó una carta dirigida al Senador Nacional Guillermo Pereyra con el objetivo de manifestar la posición de los estacioneros bonaerenses respecto de la denominada “Ley Pichetto”, ante los dichos del Secretario General del gremio petrolero, contra cualquier modificación referida a los impuestos sobre los combustibles.

Así como lo hiciera la entidad para rechazar a los diputados patagónicos que repudiaban las gestiones de la Federación para dejar sin efecto la norma por la cual se extiende el no cobro del ITC a las Provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y las localidades de Carmen de Patagones en Buenos Aires y Malargue en Mendoza, los empresarios pymes representados por FEC, rechazaron la intención del líder petrolero por evitar cualquier retoque en materia del gravamen a las naftas y el gasoil.

“Esta Federación que impulsa modificaciones a ese régimen de beneficio regional, se ve en la obligación de formular algunas necesarias aclaraciones al respecto”, dice la misiva que textualmente agrega: “la modificación introducida por la Ley 27.209 al régimen del impuesto (…) viene provocando una profunda distorsión del mercado de combustibles líquidos de uso automotor, con aprovechamientos indebidos del beneficio impositivo, por parte de personas y empresas no residentes en las zonas exentas, en lo que se incluye múltiples maniobras de desvío (arbitraje) ante la ausencia de controles por parte de la AFIP”.

En la nota los dirigentes estacioneros intentan explicarle al Senador, quien preside también la Comisión de Energía de la Cámara Alta, que “se verifica considerablemente e inexplicablemente, un incremento de ventas de combustibles líquidos en la Provincia de La Pampa, por su contraste con el estancamiento y caída en su vecina provincia de Buenos Aires”, datos publicados en el Registro de la Resolución 1104/2004 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Denuncia la institución bonaerense que dicha ley “ha derivado en enriquecer a unos pocos empresarios advertidos que lucran con el diferencial de precios, mientras destruyen parte de la red de Estaciones de Servicio existente en vastas zonas linderas, con las exentas del impuesto”.

De manera dura, la FEC le pregunta al legislador si se va a hacer cargo del abastecimiento de combustibles en la región afectada, cuando esas decenas de estaciones, la mayoría, negocios familiares con décadas de trayectoria comercial, terminen cerrando sus puertas por causa de una Ley mal concebida y peor ejecutada.

Finalmente advierten que la denominada ley Pichetto, tal cual se aplica hoy, “provoca efectos que debemos suponer el Legislador no ha deseado, agrava la concentración del negocio de ventas de combustibles, oligopólico en la República Argentina y manejado por un mínimo número de operadores en la Provincia de La Pampa, a la vez promueve el arbitraje ilegal de las zonas exentas a otras provincias beneficiando a una enorme cantidad de consumidores de combustibles en desmedro del Fisco Nacional”.

Basílico y su comisión directiva aprovecharon finalmente la oportunidad para “convocar al Senador y a demás legisladores para estudiar el problema con la seriedad que merece, más allá de los discursos para la tribuna”.