Petroleras, refinadoras y Estaciones de Servicio ¿Quién paga el costo de la suba de los combustibles?

La escalada del precio internacional del crudo volvió a colocar en el centro de la escena el comportamiento de los combustibles en el mercado local. Para Cristian Folgar, exsubsecretario de Combustibles de la Nación, el traslado a los surtidores es, en mayor o menor medida, inevitable, aunque su magnitud dependerá de cómo se distribuya el impacto a lo largo de la cadena de valor.

“Si sube el precio internacional del crudo, y más en estos niveles, habrá impacto en el precio del surtidor, salvo que uno o más actores decidan no trasladarlo”, explicó en diálogo con Surtidores. De hecho, señaló que los precios finales ya comenzaron a reflejar parcialmente esta dinámica, aunque dejó abierta la posibilidad de que aún no se haya incorporado la totalidad del incremento.

Los aumentos de los combustibles comenzaron a modificar el comportamiento en los surtidores

Con el Brent en niveles elevados, los consumidores empiezan a priorizar opciones más económicas. Las cámaras empresarias del sector ya realizan mediciones propias para dimensionar el fenómeno.

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En ese sentido, consideró que las compañías integradas -aquellas que participan tanto en la producción como en la refinación y comercialización- no estarían operando con márgenes nominales negativos. Sin embargo, podrían argumentar que todavía no trasladaron completamente el efecto del encarecimiento del crudo internacional, lo que introduce un margen de ajuste potencial hacia adelante.

Folgar también puso el foco en un aspecto técnico que suele quedar fuera del debate público: la referencia de precios. “Con esta volatilidad, es evidente que el crudo está en niveles más altos, pero la pregunta es cuál es el precio relevante”, planteó. No todas las exportaciones locales se realizan a valores spot, por lo que la denominada paridad de exportación real no está completamente determinada por la cotización diaria de los futuros internacionales.

Aun así, aclaró que el “barril marginal” -el que define decisiones en el corto plazo- sí está influenciado por esa referencia spot, lo que termina impactando en la formación de precios internos. Este matiz, explicó, resulta clave para entender por qué los ajustes no siempre son inmediatos ni lineales respecto de las variaciones del mercado global.

En el caso de las refinerías no integradas, el análisis depende en gran medida del precio de transferencia del crudo, lo que introduce otra variable en la ecuación. Sin embargo, Folgar fue categórico al descartar una situación de márgenes negativos generalizados en la actualidad. “No pareciera que hoy alguna refinería esté operando con márgenes nominales negativos. Tampoco las Estaciones de Servicio”, afirmó.

Esto no implica, sin embargo, que el negocio esté exento de desajustes. El exfuncionario advirtió que puede darse una situación en la que un productor o refinador esté resignando ganancias si se considera su costo de oportunidad, mientras que una Estación de Servicio, aun con márgenes unitarios positivos, puede no alcanzar niveles de rentabilidad adecuados en función del capital invertido y el volumen de ventas.

El frente impositivo aparece como otro factor determinante en la discusión. Folgar recordó que en el pasado se recurrió a la postergación o no actualización de impuestos a los combustibles como herramienta para contener el impacto en el índice de precios al consumidor. En términos reales, esa decisión implicó una reducción de la carga tributaria y buscó anclar expectativas inflacionarias.

Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones de este enfoque. “El índice de precios no mide inflación, sino una estimación del costo de vida, aunque se lo utilice como proxy”, explicó. En países con baja inflación, esa aproximación resulta válida, pero en economías como la argentina las distorsiones son más evidentes, ya que se mezclan cambios de precios relativos con dinámica inflacionaria.

En ese marco, si bien el actual Gobierno ya recurrió a la postergación de ajustes impositivos, Folgar consideró que no hay garantías de que vuelva a hacerlo. La caída en la recaudación y la necesidad de sostener los ingresos fiscales juegan en sentido contrario. “El Estado necesita esos fondos”, remarcó, al tiempo que recordó que se trata de recursos coparticipables o con asignación específica, aunque en la práctica no siempre se destinan a los fines previstos por ley.

Más allá de las variables técnicas, el exsubsecretario describió una dinámica recurrente en momentos de suba de costos: la puja entre los distintos eslabones de la cadena para evitar absorber el impacto. “Cada vez que hay un incremento fuerte, aparecen iniciativas -muchas bien intencionadas- que proponen que el otro resigné algo”, sostuvo.

En ese esquema, las refinerías no integradas suelen plantear que los productores no trasladen completamente los aumentos o que el Estado reduzca impuestos, mientras que el sector privado en general apunta a la carga tributaria como principal variable de ajuste. Del otro lado, el Estado se enfrenta a la necesidad de compensar cualquier baja de ingresos con recortes de gasto o subas en otros tributos.

El resultado es una tensión permanente que busca limitar el aumento en el “precio en poste”, aunque sin una solución evidente. “Se desata una puja para que el otro absorba parte del impacto”, resumió Folgar, en una dinámica donde todos los actores intentan preservar su equilibrio económico.

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El presidente de la compañía, Horacio Marín, ratificó que el uso de micropricing y el monitoreo en tiempo real permiten ajustar los valores de forma granular, desestimando las versiones sobre ajustes uniformes en toda la red.

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Mientras tanto, del lado de la demanda, la lógica es mucho más directa. Al consumidor le resulta indiferente cómo se distribuyen los costos dentro de la cadena: su prioridad es pagar lo menos posible, en un contexto donde los ingresos crecen por debajo del precio de los combustibles o, directamente, no logran acompañar su evolución.

Para Folgar, no existe una respuesta única ni una solución de manual. Las alternativas pueden diseñarse en modelos teóricos o presentaciones técnicas, pero la decisión final responde a criterios de política económica. “El Poder Ejecutivo es uno solo y es el que debe definir cuál es la opción menos compleja para el conjunto”, planteó.

Al respecto, dejó planteado un interrogante de fondo: si en una situación extraordinaria, como un conflicto internacional que dispara los precios, el Estado debería intervenir sobre la renta de la cadena energética. “Podría hacerlo”, admitió, aunque advirtió sobre los riesgos de una medida de ese tipo en un sector al que se busca potenciar como motor de inversión y empleo.