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Se estableció una comisión de auditores para que realice un proceso de investigación independiente para expedirse sobre si se ha detectado algún hallazgo que pueda comprometer a la empresa. Abarcarán cuestiones corporativas y no personales de los empleados
Para alejar todo tipo de suspicacias relacionadas con el caso “Lava Jato”, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil que tiene como protagonista a la petrolera Petrobras, la filial local de la brasileña (PESA) ordenó un estricto control interno disponiendo para tal fin una comisión de auditores con el objetivo de explorar si se cometieron ilícitos que puedan comprometer a la empresa.
La decisión fue comunicada por PESA a la Comisión Nacional de Valores de Buenos Aires en su carácter de Emisora incluida en Régimen de Oferta Pública. De la redacción del acta participaron los directores Luiz Gustavo Primo de Siqueira, Jorge José Nahas Neto, Carlos Alberto Pereira de Oliveira y Guilherme Pontes Galvão França.
Según expresa la nota, Price Waterhouse & Co. S.R.L en su carácter de Auditor Externo de la Sociedad, solicitó la inspección de modo complementario a sus obligaciones para expedirse sobre si se ha detectado algún hallazgo que pueda menoscabar su opinión.
No obstante, puntualiza que “los hechos que originan las tareas de investigación, el alcance de la misma y los trabajos a realizar por las firmas de abogados mencionadas, abarcarán cuestiones corporativas y no personales de los empleados requeridos”.
Para fortalecer la tarea se creó un Comité de Seguimiento de la investigación conformado por los miembros del Comité de Auditoría, el Presidente del Directorio y dos miembros adicionales elegidos entre los titulares del Directorio, los cuales previamente celebraron un acuerdo de confidencialidad respecto a la investigación a ser realizada.
Efectos colaterales
El escándalo de corrupción salió a la luz en marzo de 2014. La operación se denominó “Lava Jato”, debido a que la mayoría de las acciones fraudulentas se realizaron mediante una red de lavadero de autos. Se basaba en que la compañía estatal licitaba sus obras más importantes a empresas constructoras brasileñas. Desde ahí comenzó una organización basada en sobornos, mediante la que se desviaba un alto porcentaje de los contratos.
Los beneficiados fueron políticos y empresarios. Según los expedientes, el dinero iba para el Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados. Con el millonario monto se pudo financiar campañas electorales además de enriquecer las cuentas de muchos de los funcionarios que participaban del Gobierno.
Para recomponer la caja tras la revelación del fraude, Petrobras puso en venta activos disponibles en todo el mundo, entre ellos los de Argentina, por los cuales Pampa Energía, la mayor empresa de electricidad del país, presentó una oferta de US$ 1.200 millones para adquirirlos. El paquete comprende la refinería de Bahía Blanca y una red de más de 270 estaciones de servicio.
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