Pese a la paralización causada por la pandemia, aparecen nuevas denuncias por venta ilegal de combustibles

El Presidente de UENYA, Juan Carlos Basílico, adelantó que los asesores de la entidad y su par de FEC, están recabando nueva información sobre otros comercios inhabilitados para la venta de hidrocarburos que los asociados descubrieron hace pocos días en la Provincia de Buenos Aires.

Si bien el dirigente prefirió por el momento no dar detalles sobre lugares y nombres específicos para no dificultar la investigación, aseguró que ya poseen un informe preliminar con datos del mapa satelital de Google y fotos de los establecimientos en plena acción delictiva.

“Vemos con preocupación que el trabajo que se venía haciendo desde el año 2017 junto a la Secretaría de Energía de la Nación en esta materia, haya quedado trunco por causa de la pandemia y de la crisis política que existe en el ámbito de la cartera energética”, advirtió Basílico.

Dijo además que “retomamos el seguimiento de los casos que ya habían sido detectados y clausurados por las autoridades al año pasado, pero a esta gestión, se le sumaron nuevas advertencias de los asociados que se comunicaron con nosotros para expresar la preocupación no solamente por la competencia desleal, sino también por el peligro para la salud de la población que representa la manipulación de combustible sin control alguno”.

Comentó también que “el Secretario General del SOESGyPE Carlos Acuña, nos expresó su apoyo y nos aportó la logística de los delegados zonales para ayudarnos con el estudio de cada caso” y se comprometió a brindar mayor información cuando el trámite esté listo para ser enviado a la Secretaría de Energía.

Vale recordar que tanto Basílico como el Presidente de FEC, Julio Alonso, advirtieron que se están utilizando surtidores que simulan ser abandonados y que se ocultan deliberadamente cuando algún representante de entes de control se acerca al lugar.

Según establece la normativa, quienes provean de combustibles a una boca de expendio no inscripta o dada de baja del registro, serán sancionados con una multa equivalente al precio de venta al público de hasta 48.000 litros de nafta súper (aproximadamente $ 2.600.000) y en los casos de reincidencia, con la suspensión parcial o baja condicional del respectivo padrón.