A través de una disposición publicada recientemente en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial comunicó una nueva actualización de las tarifas del control volumétrico de combustibles que se realiza en los surtidores de todas las Estaciones de Servicio del país. El aumento, que alcanza un promedio del 17,5 por ciento respecto a la última modificación efectuada hace cuatro meses, impacta en todas las modalidades: inspecciones programadas por el organismo, solicitadas por los usuarios y aquellas según la cantidad de mangueras disponibles en los surtidores.

Según el texto emitido por el INTI, la medida responde a una propuesta de la Subgerencia Operativa de Inversiones y Costos, que tras un trabajo conjunto con diversas áreas del organismo, determinó actualizar los valores de los aranceles utilizando una metodología basada en el cálculo de costos. Este enfoque incluye variables como la actualización del valor de la hora-hombre necesaria para los servicios, tanto sistematizados como no sistematizados, además de otros factores indirectos.

Sin embargo, esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de los empresarios del sector, quienes consideran el incremento como una carga adicional para un rubro que ya enfrenta numerosos desafíos económicos. La Federación de Entidades de Combustibles anunció que está evaluando posibles acciones legales para impugnar la disposición del INTI. En este sentido, sus asesores contables y jurídicos están analizando la viabilidad de acudir a la justicia civil para cuestionar la legitimidad del cobro.

La FEC argumenta que no existe una base legal clara que habilite al INTI a establecer el costo de los aranceles vinculados al control volumétrico. Representantes de la federación aseguran que este tipo de medidas representan un “evidente perjuicio” para los expendedores minoristas de combustibles líquidos, quienes ya enfrentan márgenes de rentabilidad ajustados y un contexto inflacionario desafiante.

“La cuestión tiene una base jurídica que nos avala”, sostuvo un vocero de la FEC, aludiendo a la Ley 19.511, que establece que la autoridad de aplicación debe “proponer” –y no imponer– tasas y aranceles en retribución a los servicios bajo su cargo. En este sentido, calificó la creación de la tasa de verificación como “un acto viciado de manifiesta ilegitimidad” y cuestionó la justificación de un gravamen compensatorio para una actividad que, en su opinión, no debería ser cargada a los estacioneros.

Once móviles del INTI recorren el país realizando verificaciones de surtidores

En diversas oportunidades, los asociados de la FEC han elevado sus quejas por este tipo de tarifas. Argumentan que la metodología de cálculo aplicada por el INTI no contempla el impacto económico que estas medidas generan sobre los pequeños y medianos empresarios del sector. Además, consideran que el incremento no guarda proporcionalidad con la calidad del servicio brindado, cuestionando la eficiencia en los procesos de inspección y verificación.

Por su parte, fuentes del INTI señalaron que la actualización tarifaria es necesaria para garantizar la sostenibilidad de los servicios de control volumétrico y para mantener los estándares de calidad en los procedimientos técnicos. “El objetivo es asegurar que los surtidores cumplan con los parámetros de precisión establecidos, en beneficio de los consumidores finales”, destacaron.