No le permiten abrir su estación GNC, pero debe pagar facturas de 35 mil pesos de gas

“La Secretaría de Energía se subrogó el derecho de suspender el alta, hasta tanto se solucione el conflicto que mantengo con los dueños del lugar”, explicó a surtidores.com.ar, Enzo Vitale, quien en octubre del año pasado alquiló una propiedad en Córdoba e invirtió un enorme capital para inaugurar su Estación de Servicio de GNC, pero no tuvo en cuenta que según su denuncia, la Familia Moro, a los pocos meses, decidió unilateralmente rescindir el contrato, justo cuando el empresario había terminado de armar la inversión y de cumplir con todas las condiciones para empezar a trabajar.

De acuerdo a lo expresado por Vitale, “la familia Moro quiere quedarse con mi inversión para adueñarse de la estación de servicio, hecho por el cual los denuncié penalmente en la Justicia por Desbaratamiento”.

El conflicto se tornó más complicado cuando la Secretaría de Energía decidiera en mayo de este año, a causa del conflicto legal, “suspenderle a Vitale el alta”, lo cual fue denunciado por el afectado como una medida “ilegal implementada por quien carece de facultades de juez para hacerlo” y agregó que “el alta, se de o se quita, pero nunca se suspende”.

Mientras tanto, la Distribuidora Ecogas, le cobra un costo fijo, que hoy en día se incrementó a causa del impuestazo a 35 mil pesos, para mantenerle al estacionero el derecho de relación con la compañía.

Es así que hoy Vitale quedó atrapado entre los tiempos largos de la justicia, la postura de la parte locataria y las autoridades de la Secretaría de Energía y está pagando una importante factura de gas, sumado a la luz y el agua, mientras además mantiene una planta de 12 empleados, sin poder trabajar.

“Mi demanda en los tribunales se basa en que uno de los hijos de la familia que me alquila, tiene expendedora en Córdoba, por lo cual, la sospecha es evidente que la suspensión que me hiciera la Secretaría de Energía tiene que ver con la relación que esta familia tiene con los funcionarios de la actual cartera del Estado”, advirtió Vitale.

Aseguró que “la familia Moro se quiere quedar con toda la inversión para adueñarse de mi estación y desde el Estado los están ayudando” y agregó que “ya dos jueces me dieron la razón y sin embargo no me permiten trabajar ni puedo dejar de afrontar los enormes costos para no perder el derecho de relación con la distribuidora”, finalizó.