Opinión: Motochorros y el delgado límite entre seguridad vial y criminal

En diálogo con surtidores.com.ar, el Titular del partido de Margarita Stolbizer, el ex Diputado Porteño Sergio Abrevaya, reclamó algunos reparos para que se pueda cumplir con las reglas del Decreto 171/2017 por el cual,  se obliga a las Estaciones de Servicio a “lograr la inmediata identificación de quienes utilizan las motos para delinquir, obligando a contar con la identificación del número de patente en los cascos del conductor y del acompañante, y el uso de chaleco reflectante con la identificación del número de patente sólo para el acompañante, dado que la mayoría de estos delitos son cometidos por dos personas”.

Al respecto el dirigente porteño, alegó que “hay una delgada línea entre seguridad vial y prevención del delito en estos casos, ya que los expendedores y empleados que cargan combustible pueden exigir a los motoqueros que tengan el chaleco y la patente identificatoria, como que lleven casco, pero si la persona se llega a resistir, lo cual implica una conversación o entredicho, allí ya es un tema en el que debe intervenir la autoridad del Estado”.

Agregó que “como ocurre en el caso de la carga de GNC y el control de la oblea respectiva o la prohibición de vender alcohol a menores en los kioscos y tiendas de los establecimientos, se puede exigir a los privados que se controle el cumplimiento de las normas para las motos, pero resulta de vital importancia que haya mayor presencia policial para evitar hechos que afecten la integridad y pongan en peligro a los trabajadores y dueños de las bocas de expendio”.

Abrevaya dijo también que “existen dos temas fundamentales que no se han tenido en cuenta al momento de redactar el Decreto y que deberemos impulsar desde la legislatura y el congreso”. En primer lugar habló de la “inteligencia policial” para identificar a los delincuentes que utilizan la moto para cometer sus actos y por otro lado, reclamó que haya “presencia policial permanente en las Estaciones de Servicio y patrullaje más periódico”.

El referente capitalino del progresismo comentó que “la obligación para los estacioneros es aplicable en cuanto a la seguridad vial, pero finaliza donde comienza el peligro de delito o de hechos de violencia y para ello, el Estado no puede descansar su responsabilidad y funciones en la actividad privada”.

Finalizó explicando que “en materia de seguridad en término de delitos no tiene sentido la aplicación de la pretensión de exigir al estacionero un control” y aseguró que “las Estaciones de Servicio son las principales víctimas de los motochorros, dado que son objetivos de fácil acceso al dinero en efectivo y de rápido escape.