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El ex secretario de Comercio Interior, recordó que durante su gestión, estaba clara la ecuación y la autoridad de aplicación ejercía su potestad para asegurar el abastecimiento tanto de producto como de precio.
Guillermo Moreno evitó enfrentarse directamente con actual secretario de comercio Roberto Feletti, en el tema relacionado con el valor congelado de las naftas y las quejas de los estacioneros por el posible desabastecimiento en los establecimientos.
Pero recordó sin embargo, en diálogo con surtidores.com.ar, que la lógica del mercado de los combustibles es la misma que para cualquier otra industria, basada en los costos de producción, los cuales deben estar claros, dado que “los combustibles son un producto sensible”.
Dijo entonces que si no hay autoridad de aplicación que establezca cuáles con los costos, “nunca se podrá debatir sobre el precio” y rechazó establecer comparaciones con el valor del dólar, ya que a nivel local, la exploración y explotación, se hacen en pesos.
“Puede haber insumos en dólares, pero se hace la conversión oficial como cualquier otra actividad económica y se la integra a la estructura de costos”, explicó el ex secretario de Comercio Interior.
Se refirió además a los reclamos del sindicato por un aumento salarial y la negativa de los expendedores que aluden la imposibilidad de otorgarlo por tener precios de venta fijos desde mayo pasado y destacó: “el sueldo de los empleados es otro de los costos que debe ser tenido en cuenta, pero sin referencias claras, nadie puede decir si el precio actual es bajo o alto”.
Negó tener pruebas fidedignas de que se den las condiciones en todo el territorio nacional para aplicar la ley de abastecimiento y aclaró que cuando fue funcionario, los dirigentes le traían las certezas de que realmente faltaba nafta en los surtidores.
Moreno se focalizó también en la situación de las estaciones blancas y comentó que para aplicar una obligación legal de abastecer al establecimiento, debe darse la circunstancia de que sea el único lugar donde los habitantes de esa zona geográfica puedan cargar combustibles.
En este sentido, explicó que en el caso de que hubiese otra estación de bandera que cumpla con la demanda del lugar, “el Estado no debe meterse en una operatoria privada”.
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