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Un proyecto de ley propone reducir a la mitad los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono en el Norte Grande. La iniciativa busca aliviar costos logísticos, mejorar la competitividad regional y compensar desigualdades estructurales.
Un nuevo proyecto legislativo propone introducir un cambio significativo en la estructura impositiva de los combustibles en la Argentina (ver al pie de la nota). La iniciativa, impulsada por el senador Jorge Capitanich junto a otros legisladores, plantea reducir en un 50 por ciento los montos fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono para las Estaciones de Servicio ubicadas en las provincias del Norte Grande.
El texto establece que la medida alcanzaría a naftas en todos sus octanajes, así como al gasoil y al diesel oil, y sería implementada a través de mecanismos de control y percepción a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero El objetivo central es generar un alivio en el precio final en surtidor en una de las regiones más postergadas del país.

La propuesta no es menor si se tiene en cuenta que los impuestos específicos representan aproximadamente el 46.6 por ciento del precio de los combustibles. Al tratarse de montos fijos por litro, su impacto relativo es mayor en zonas donde los ingresos promedio son más bajos y donde la dependencia del transporte terrestre resulta más crítica para la vida cotidiana y la actividad productiva.
Desde el punto de vista político y económico, el proyecto reabre una discusión de larga data en la Argentina: la necesidad de avanzar hacia un esquema de federalismo fiscal más equilibrado. En los fundamentos, los autores remarcan que el Norte Grande presenta indicadores estructurales que justifican un tratamiento diferencial, entre ellos menores niveles de ingreso per cápita, mayores índices de pobreza y un peso más elevado de los costos logísticos en las economías regionales.
En ese sentido, la iniciativa toma como antecedente el tratamiento impositivo diferencial vigente en la Patagonia, donde históricamente se han aplicado beneficios fiscales vinculados a condiciones geográficas y climáticas. El argumento es similar: si existen razones objetivas para compensar desventajas estructurales en una región, el mismo criterio debería extenderse a otras zonas con problemáticas similares.
Más allá del impacto directo sobre los precios en el surtidor, la propuesta pone el foco en el rol del combustible dentro de la economía. Lejos de ser considerado un bien suntuario, se trata de un insumo clave que incide en la formación de precios de alimentos, en el costo del transporte público, en la competitividad del agro y en la logística comercial. En consecuencia, cualquier modificación en su carga impositiva tiene efectos en cadena sobre múltiples sectores.
Sin embargo, el proyecto también abre interrogantes. Uno de los principales ejes de debate será el impacto fiscal para el Estado nacional, en un momento en que las cuentas públicas continúan bajo estricto control. La reducción de impuestos implica, en términos directos, una menor recaudación, lo que obligará a evaluar mecanismos de compensación o reasignación de recursos.

Otro aspecto clave será la efectiva traslación de la rebaja impositiva al precio final. Si bien la iniciativa no implica una intervención directa sobre la política comercial de las empresas, la experiencia reciente muestra que las variaciones no siempre se reflejan de manera lineal en los surtidores.
Por ahora, el proyecto deberá atravesar el debate parlamentario, donde se pondrán en juego no solo cuestiones técnicas, sino también intereses regionales y definiciones de política económica de fondo. Lo cierto es que, de prosperar, podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se abordan las desigualdades territoriales en materia energética.
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