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El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Kirchner sorprendió con el envío de un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51 por ciento del patrimonio de YPF en manos de Repsol. A dos años del anuncio no sólo se acordó el pago de la indemnización sino que se sumaron millonarias inversiones para desarrollar yacimientos. Las estaciones aun siguen esperando
El 16 de abril de 2012 un anuncio sacudió el mapa energético argentino: la presidenta Cristina Kirchner enviaba un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51 por ciento del patrimonio de YPF correspondiente a la española Repsol, que controlaba desde 1999 hasta entonces la mayoría del paquete accionario junto al grupo empresario argentino de la familia Eskenazi.
Los cruces con la empresa por el desabastecimiento eran frecuentes. Se la acusaba de financiar su estrategia de expansión a escala mundial, depredando los recursos hidrocarburíferos argentinos con una visión cortoplacista que priorizó el giro de dividendos a su casa matriz por sobre las actividades de exploración y explotación propias de las mejores prácticas del negocio petrolero.
El proyecto, denominado “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina“, sostenía que el objetivo prioritario era el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Fue aprobado por el Congreso y contó con un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas del país, a lo que se sumó el fuerte apoyo de la población a la decisión de que el Estado vuelva a tener el control de la compañía.
Miguel Galuccio fue designado presidente de YPF. Su gestión, avalada por un enorme currículum en la carrera petrolera, apunta en ese sentido: enfocó todos sus esfuerzos a la explotación de recursos no convencionales en Vaca Muerta, considerado uno de los reservorios de shale oil más importantes del mundo.
Para llevar a cabo esta empresa se asoció con petroleras de la magnitud de Chevron, que ya invirtió 1240 millones de dólares y ahora destinará otros 1600 para perforar 170 pozos adicionales durante este año. El clúster comprometido es de un área de 395 km2, con una perforación estimada de más de 1500 pozos para alcanzar una producción de más de 50 mil barriles de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas natural asociado por día, convirtiéndolo en el principal activo productivo de YPF y, potencialmente, de la Argentina.
Los resultados están a la vista: según el informe operativo y financiero 2013 presentados a las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York, YPF alcanzó la mayor tasa de reemplazo de reservas de los últimos 14 años, con un 158 por ciento, las reservas crecieron un 11, la utilidad neta recurrente de la compañía creció un 45,6 respecto al año anterior y aumentó la producción, impulsada por un incremento del 80 por ciento en las inversiones.
El sector de refinación también alcanzó un nivel superlativo de desembolsos a pesar del desafortunado incendio del Complejo La Plata. Allí se instaló una nueva planta de Coke, que implicó una inversión total del orden de los 4500 millones de pesos, que permitirá aumentar la producción de naftas y gasoil en 600 millones de litros por año, al igual que en Mendoza, cuyas obras demandaron una inversión de más de 2.600 millones de pesos y su construcción generó más de 2000 empleos directos. .
Tantos logros contrastan sin embargo, con los magros avances alcanzados en al área de las estaciones de servicio. Las bonificaciones por las ventas de combustibles se mantienen inalterables desde la gestión privada lo mismo que muchas de las cláusulas contractuales. De acuerdo a un informe elaborado por la Confederación de Expendedores, “la comisión impuesta por Repsol y sostenida por YPF no se toca desde hace más de una década”. Desde el sector reclaman aumentarlas al 10 por ciento para recomponer la pérdida de competitividad y afrontar las futuras paritarias.
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