Los cargos contra las petroleras ratifican la denuncia de los expendedores por abuso de posición dominante

Dos años atrás, la Federación de Expendedores de la provincia de Buenos Aires (Fecoba) presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, contra la petrolera YPF por “abuso de posición dominante”. En esa oportunidad, el organismo ordenó la apertura de un sumario para investigar el mercado de los combustibles y la conducta de la empresa, pero recién ahora podría avanzar con mayor velocidad debido a la coyuntura política.

El gobierno nacional abrió una causa contra las petroleras por una posible “cartelización” de precios de la venta del gasoil que utilizan las empresas de transporte de cargas y de pasajeros.  El ministro de Planificación, Julio de Vido fue contundente en la imputación y advirtió que “queremos que se descarte o confirme si hubo abuso de posición dominante u otro comportamiento irregular, que se establezca quiénes son los responsables y se les aplique las sanciones correspondientes”, indicó el funcionario.

El titular de Fecoba, Luis Malchioldi informó que “la denuncia gubernamental ratifica lo que venimos manifestando desde hace mucho tiempo”. El cargo que presentó la cámara empresaria pone el énfasis en la tensa relación comercial que sufren las estaciones de servicio con la petrolera de mayor presencia en el mercado. En el documento, sostiene que la participación de la compañía es un factor distorsivo de la competencia.

Asimismo revela que ha aumentado su cuota de despacho sin un correlato en la producción. Todo ello, según explica, por su condición de empresa integrada, es decir que explota, produce y comercializa, una estructura que le permite establecer “precios predatorios”, en los surtidores.

Los estacioneros cuestionaron la conformación de la red propia de bocas de expendio, que violaría las consideraciones del Decreto 1060/2000, por el cual se establece que las petroleras no pueden operar un porcentaje de establecimientos superior al 40 por ciento. Para Malchioldi esta situación es la causante de la desaparición de más de 2.000 puntos de venta de combustibles y la consecuente destrucción de un capital estimado en 2.000 millones de dólares.

Malchiodi aseguró que “se están presentando las pruebas” y que aún sigue el tema en análisis. El dirigente espera que el nuevo contexto político que vive el sector favorezca el curso de las investigaciones.