Llegan señales fiscales que pueden aliviar la estructura de las Estaciones de Servicio

Mientras el debate público suele concentrarse en los aspectos más visibles de la llamada “reforma laboral”, en el articulado del proyecto se esconde un capítulo clave para las Estaciones de Servicio: el tributario. Así lo advirtió el tributarista Diego Fraga, en diálogo con Surtidores, al poner el foco en las modificaciones sobre cargas sociales que, de aprobarse, tendrán un efecto directo en la estructura de costos del sector.

“Hay una parte bien tributaria de la reforma que le pega de lleno a las Estaciones de Servicio”, explicó el especialista, al analizar el esquema de contribuciones patronales que propone la iniciativa. Según detalló el entrevistado, se establecen dos alícuotas diferenciadas: una del 17,40 por ciento para empleadores privados cuya actividad principal encuadre en Servicios o Comercio y cuyas ventas anuales superen el tope de empresa mediana tramo 2, y otra del 15 por ciento para el resto de los empleadores privados.

En la práctica, el experto impositivo señaló que muchas Estaciones de Servicio podrían quedar alcanzadas por la alícuota más alta, dependiendo de su facturación anual y de cómo sean encuadradas por la autoridad de aplicación. “Ahí aparece un punto sensible, porque no es lo mismo tributar 15 que 17,40 por ciento en un negocio de márgenes ajustados”, advirtió.

Otro de los cambios relevantes se da en materia de obra social. El proyecto sustituye el esquema vigente de la Ley 23.660 y fija una contribución patronal del 5 por ciento. De acuerdo al análisis de Fraga, la lectura práctica es una baja respecto del 6 por ciento actual, aunque aclaró que habrá que ver cómo se articula el nuevo sistema y cuál es el impacto real sobre el costo laboral total.

Uno de los puntos más novedosos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para cubrir obligaciones típicas de las desvinculaciones laborales. Este fondo se financiaría con una contribución mensual obligatoria del 3 por ciento sobre la base SIPA. Según explicó el entrevistado, la reglamentación podría canalizar el pago a través de ARCA, el nuevo organismo recaudador.

En ese marco, el especialista destacó un aspecto que puede resultar atractivo para los empleadores: quienes cumplan con el aporte al FAL accederían a una reducción de tres puntos porcentuales en la contribución patronal al SIPA. “Es un esquema de ida y vuelta, con controles de ARCA, que habrá que analizar finamente para ver si compensa o no”, sostuvo el experto impositivo.

La iniciativa también incluye un régimen de regularización laboral, denominado PER, que habilita a blanquear empleo no registrado o deficientemente registrado. El entrevistado explicó que la ley fija un piso claro: la reglamentación deberá contemplar condonaciones que no pueden ser inferiores al 70 por ciento de lo adeudado, además de beneficios accesorios que dependerán del diseño final.

Para Fraga, este punto puede representar una ventana de oportunidad para el sector, históricamente atravesado por tensiones en materia laboral y fiscal. Sin embargo, advirtió que todo dependerá de cómo se instrumente la reglamentación y del grado de previsibilidad que otorgue el nuevo esquema.