Llaman la atención sobre los puestos para controlar la trazabilidad de los combustibles

Desde hace algunas semanas, el ámbito estacionero viene siguiendo temas que atañen a las nuevas leyes que se pretenden sancionar en el Congreso, como es el caso de la propuesta impulsada  por la senadora del Frente de Todos, Nancy González, para implementar diferentes medidas tendientes a recuperar los beneficios fiscales a los usuarios de distintas provincias del sur con la exención del Impuesto de Transferencia a los Combustibles (ITC).

En el expediente elevado a la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Alta, se detalla la puesta en marcha de puntos de análisis de muestras de combustibles para constatar que sean los que deben expenderse en las zonas exentas, que en el momento de la sanción de la ley durante el gobierno de Fernando De la Rúa habían sido “observados” y dejados sin vigencia.

Se trata de los destacamentos policiales de la Provincia del Chubut de Arroyo Verde en Ruta Nacional N° 3, límite de las Provincias del Chubut y Río Negro; Puesto de Gendarmería Nacional en Ruta 258 en Río Villegas o nueva zona según ampliación de zona exenta a San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes; Puertos al sur de Sierra Grande, Provincia de Río Negro y las destilerías registradas que sean proveedoras del combustible exento.

Al respecto, el asesor contable de la Federación de Entidades de Combustibles, Sebastián Vázquez, aseguró que “no es una mala iniciativa, retomar el debate para lograr mejores controles de los impuestos a los combustibles en beneficio del Estado”.

Pero destacó que “el proyecto de ley consta de errores de omisión referidos a los tiempos en que los puestos de control de la iniciativa pretenden ser habilitados, ya que no tienen en cuenta la vigencia de la denominada Ley Pichetto”.

Es decir que, según Vázquez, poner a funcionar puestos de auditoría con un mapa de la ley 23.966 del año 2000, en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y parte de Río Negro, deja afuera a todo el territorio que una década más tarde se agregó como la zona que faltaba de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Malargüe en Mendoza y Carmen de Patagones en Buenos Aires, que son los que integran la actual ley 27.209.

“Vale la pena alertar a los autores de dicho proyecto, que los controles al sur de la Argentina como están planteados no tienen sentido alguno, ya que entre el año 2000 y 2015 la zona geográfica se extendió y los camiones podrían descargar el producto a menor valor en expendedoras que no les corresponde el beneficio sin atravesar ningún puesto que analice el combustible”, finalizó.

Recordó que a su momento, la FEC organizó junto al sindicato una presentación en la Comisión de Energía y en la de Análisis tributario en la Cámara de Diputados donde se puso en el debate la necesidad de modificar detalles de la Ley Pichetto que dejaron al borde del quebranto a Estaciones de servicio del sur bonaerense.

“Resultaría saludable para todos los actores del mercado que estos detalles se tengan en cuanta al momento de tratar la ley”, dijo el experto, y se mostró abierto a que la entidad de empresarios de operadoras de combustibles atienda y aporte el conocimiento técnico para mejorar la iniciativa legislativa.