Legisladores kirchneristas van con todo contra el cobro de tasa vial

Los diputados nacionales Diana Conti y Jorge Rivas presentaron un proyecto declarando su preocupación por el cobro de la tasa vial en la provincia de Córdoba, la capital riojana y 11 municipios de la provincia de Buenos Aires.

“No estamos hablando de una tasa, sino de un impuesto debido a que no hay ‘contraprestación’ determinada por el pago del tributo, que además, es regresivo, en tanto pagan lo mismo todas las personas sin tener en cuenta su patrimonio, afectando gravemente el derecho constitucional de ‘propiedad’ (Art. 17 CN)”, expresaron los legisladores en el proyecto presentado.

Puntualizan allí que según el artículo 16 de la Constitución Nacional la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. “En éste impuesto es claro el quebrantamiento de los principios constitucionales de ‘capacidad contributiva’, ‘equidad e igualdad ante las cargas públicas’, como así también los de ‘legalidad’, ‘razonabilidad’ y ‘propiedad privada”, -advierten-.
Análogamente, las provincias están adheridas a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que en su artículo 9 inc. 2 obliga a las provincias adheridas a no aplicar por sí gravámenes locales equivalentes a los nacionales distribuidos por esta ley”.

Conti y Rivas recuerdan que los combustibles ya tienen, por ejemplo, un impuesto nacional coparticipable como el impuesto creado por la ley 17.597.

“Esta situación de inequidad, a más de colisionar con la política hidorcarburífera del Estado Nacional, está creando serias distorsiones en el mercado de combustibles alterando la competencia, elevando los costos de explotación de las estaciones de servicio, poniendo en riesgo las fuentes de trabajo de dicho sector, y generando un aumento en el costo de vida de los consumidores de dichos lugares del país”, remarca el proyecto.

“En el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires, debe resaltarse que todas sus administraciones responden al Frente Renovador; así como que, en pleno verano, de dos municipios pasaron a ser 11 los que agravian a los ciudadanos compelidos a pagar el impuesto ilegal del que hablamos”, afirma Conti.