Como lo adelantara surtidores.com.ar, el Proyecto de Ley (ver al pie) que ingresó el pasado jueves a la Cámara de Diputados para que se declare la emergencia económica, financiera y social del sector de expendedores de combustibles de la categoría PYMES, presta especial atención a los establecimientos que sostienen un plan de empleo genuino, que se mezcla con sentimientos familiares y objetivos de responsabilidad social, en zonas donde no resulta redituable una inversión por parte de grandes compañías.

En ese marco, la Diputada de Río Negro, llamó al sentido común de sus colegas para que acompañen esta iniciativa que busca proteger a más de la mitad de las bocas de expendio de combustibles líquidos y GNC, que son las responsables por el trabajo de más de 40 mil familias y en muchos casos, se constituyen como el único sitio de reabastecimiento de combustibles de una población entera que se encuentra alejada de grandes centros urbanos.

“Facultase al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, reclama el 2do artículo de la propuesta legislativa.

Sucede que de acuerdo a los cálculos de la misma Secretaría de Energía, que se vierten en el expediente del proyecto “hay un 58 por ciento de estaciones que se encuentran en un punto crítico, no alcanzando el punto mínimo de ventas que les permite generar un margen de ganancias para cubrir las amortizaciones y el costo de capital invertido”.

La iniciativa lleva a una reflexión acerca de que en el caso de los salarios, la equivalencia entre un sueldo básico y litros de nafta súper se incrementó un 14,3 por ciento entre marzo de 2019 y marzo de 2020, pasando de 651,1 a 744,3 litros. Esta equivalencia se incrementó a 814,4 litros en abril de 2020, implicando la necesidad de vender volúmenes cada vez mayores.

Como dato importante, la legisladora llama a la participación y la apertura de las discusiones por precios de los combustibles, que, a criterio de la autora del proyecto, “se realiza de manera cerrada entre Estado y petroleras”.

Por esta razón, pide que se conforme una mesa de diálogo donde se fijen:

1. a) Diagnóstico del sector PyMes Estaciones de Servicio.
2. b) Determinación de objetivos de trabajo y metas.
3. c) Determinación de medidas impositivas que debería tomar el Estado Nacional frente a esta emergencia.
4. d) Delimitación de medidas a tomar por los Estados Nacional y Provinciales y compromisos del sector privado para equiparar las relaciones.
5. e) Delimitación de parámetros de negociación, precios y financiamiento entre petroleras y Pymes de Estaciones de Servicio de “Bandera” y “Blancas”.
6. e) Establecimiento de plazos de revisión de avances, monitoreo y cumplimiento de objetivos.

“Este sector que es el eslabón más débil de la cadena, está invisibilizado y necesita la atención del Estado de manera urgente. La quita del ATP cayó en un momento en el cual el sector ya casi no tiene recursos y está en riesgo su subsistencia y la generación de empleo que conlleva la actividad”, finaliza.