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Los descuentos ofrecidos por los bancos a quienes carguen naftas, gasoil o GNC, mediante el uso de plásticos potenció su preferencia entre los consumidores, quienes colapsan las estaciones de servicio los días que se efectivizan las promociones.
Luego de un tiempo de letargo, resurgieron las promociones bancarias a las estaciones de servicio con el objetivo de beneficiar a sus clientes con importantes descuentos por la carga de combustibles. Galicia, Santander Río, Credicoop, ICBC y Citi, son algunos de los que ofrecen bonificaciones de hasta el 20 por ciento.
Teniendo en cuenta el considerable aumento que sufrieron los precios de las naftas y el gasoil durante el último año, para los automovilistas el ofrecimiento resulta seductor. Si bien hay un tope máximo mensual, el ahorro es un buen paliativo para enfrentar los embates de la inflación.
Estas acciones se desarrollan generalmente los días domingo, una jornada que caracterizaba a las bocas de expendio por disponer de menor cantidad de personal. Sin embargo a partir de este impulso los expendedores debieron rever la medida ya que muchos surtidores colapsan por la afluencia de público.
Claro que no todas las estaciones aceptan esta modalidad de pago. Es que el combustible se paga al contado y por anticipado mientras que la carga con tarjeta se efectiviza a los 28 días con el agregado de una comisión que ronda el 1.5 por ciento de la operación.
Esa deducción que cobran las administradoras de las tarjetas representa para los estacioneros el 20 por ciento de la ganancia bruta que obtienen por la venta de cada litro de combustible al público. Para corregir esa distorsión, reclaman la aprobación del proyecto de ley que presentó en el Congreso hace algunos años la diputada Mónica Cassese. La iniciativa prevé fijar una tasa de intermediación del 0,8 por ciento para las ventas con tarjetas de crédito y del 0,5 para las de débito.
“El contexto económico y productivo por el que atraviesa el país con una inflación estructural, que amenaza el poder de compra del salario y la rentabilidad de las actividades de comerciantes, microemprendedores y productores y; una crisis energética que excluye inversiones, paraliza el aparato productivo, complicando y disminuyendo la actividad de trabajadores, conductores de automóviles de alquiler y de transporte de pasajeros, obliga a proponer adaptaciones y modificaciones a las normativas vigentes con el objeto de morigerar el impacto de la crisis en las relaciones económicas de la comunidad en general”, justificó oportunamente la legisladora.
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